El sistema de salud vive un remezón nacional luego de que el Gobierno de Colombia asumiera el 51 % de las acciones de la Nueva EPS, convirtiéndose en el socio mayoritario de la entidad que atiende a más de 12 millones de afiliados. Según lo confirmó Caracol Radio y otros medios nacionales, el cambio de control se concretó tras varios meses de negociación y acuerdos con las principales cajas de compensación del país –Colsubsidio, Cafam, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y Confandi– para ceder parte de su participación accionaria.
El presidente Gustavo Petro busca, según esa línea oficial, mayor capacidad de intervención, una inyección directa de recursos y “la posibilidad de girar de manera directa a hospitales, clínicas e IPS que hoy acumulan millonarias deudas en mora”, destacaron fuentes del Gobierno. Sin embargo, expertos y usuarios alertan que esta maniobra presenta riesgos fiscales y que una gestión estatal ineficiente podría convertir la EPS en un nuevo lastre presupuestal.
En simultáneo, la entidad entró en fase de auditoría forense para detectar posibles irregularidades desde 2019 y fue removida la interventora Gloria Polanía, apenas semanas después de asumir el cargo. En su lugar fue designado Óscar Gálvez, funcionario con experiencia en EPS intervenidas bajo el actual gobierno.
Crisis y suspensiones en el Cesar
Mientras se produce este giro nacional, la crisis golpea de nuevo al Cesar. En una carta fechada el 13 de noviembre de 2025 y recibida por la dirección nacional de la Nueva EPS, el Grupo Clínica Médicos –que agrupa a Clínica Médicos S.A., Clínica Valledupar S.A., Clínica Alta Complejidad de Aguachica S.A.S. y Clínica Alta Complejidad San Juan Bautista S.A.S.– anunció la suspensión definitiva de servicios “por el no pago del 80 % de la cartera corriente”, dejando solo las urgencias vitales.
En un comunicado del 14 de noviembre, el Grupo Clínica Médicos informó a los afiliados de Nueva EPS que “debido al incumplimiento reiterado de los acuerdos y compromisos establecidos en múltiples mesas de trabajo, nos vemos en la obligación de suspender desde hoy la prestación de todos los servicios en nuestras instituciones”. Además, aclararon que continuarán prestando servicio para esos afiliados únicamente las urgencias vitales.
En otro documento emitido por Carlos Humberto Arce García, representante legal del conglomerado de clínicas, advirtió el pasado 12 de noviembre que, de continuar el incumplimiento, iniciarían procesos de “terminación anticipada de los contratos vigentes (…) por incumplimiento grave y reiterado”.
Incertidumbre para millones de usuarios
La situación genera profunda preocupación entre los usuarios. Esperanza Arias, vocera de los afiliados de la Nueva EPS en el Cesar, declaró a Radio Guatapurí: “No es justo que nosotros los usuarios tengamos que pagar unas consecuencias administrativas donde no hay cumplimiento. El sistema de salud está agonizando, estamos en cuidados intensivos y pagando como siempre nosotros las consecuencias”.
Arias criticó la falta de continuidad entre los interventores y la lentitud en la respuesta estatal: “Todo queda cerrado. Agenda cerrada, todo. (…) Suspendiéndonos servicios por falta de pago y donde no los han suspendido nos están atendiendo con una lentitud única porque nadie con hambre trabaja”.
Arias expresó su profunda preocupación ante la falta de continuidad y claridad administrativa debido al cambio constante de interventores en la entidad, afirmó: “Como nos han dicho siempre en las reuniones anteriores: ‘Ah, pero es que ese acuerdo lo hizo el anterior’. Entonces, volvemos a cero. No sabemos quién nos va a atender en este momento”.
Arias agregó que esta rotación entorpece el cumplimiento de los acuerdos previamente suscritos: “El interventor hace unos acuerdos de pago con las facturas corrientes y ahora en una reunión que tuve en Bogotá precisamente dije: ‘Pero si él hizo unos acuerdos de pagar facturas corrientes’. Ah, no, pero eso fue el interventor anterior”.
La defensora insistió en que los cambios de interventor ponen en riesgo los compromisos con los usuarios, generando incertidumbre sobre la efectividad y la continuidad de las soluciones anunciadas por la Nueva EPS.
Cadenas de afectación y medidas en medicamentos
El panorama se agrava con la terminación unilateral del contrato de dispensación de medicamentos por parte de Disfarma G.C. S.A.S., afectando a 2.4 millones de usuarios en 19 departamentos. Disfarma notificó que la decisión obedece a “la insostenibilidad operativa y financiera generada por el flujo insuficiente de recursos y el incumplimiento en los pagos por parte de la EPS”.
Mientras el Gobierno insiste en que la tenencia mayoritaria brinda margen para intervenir y rescatar a la EPS, los analistas advierten que la clave estará en la capacidad para regular el flujo de recursos y evitar que la Nueva EPS, ahora de mayoría estatal, termine requiriendo siempre aportes extraordinarios del erario para atender sus déficits.
