La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 ante el alto riesgo que enfrentan 21 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar, debido a la confrontación entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En el departamento del Cesar, las poblaciones afectadas son El Copey, Bosconia, El Paso, Valledupar y Pueblo Bello.
Según el informe del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la disputa por el control territorial ha escalado en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. Para el Cesar, la Defensoría señala que el EGC busca consolidar dominio en El Copey, Bosconia, Valledupar y Pueblo Bello, mientras el municipio de El Paso se encuentra dentro de la vertiente suroriental en riesgo por la dinámica de confrontación entre ambos grupos.
La nueva alerta subsume advertencias previas emitidas para El Copey (AT 010-22) y Valledupar (AT 032-23), unificando el análisis para todos los municipios afectados en la región. La Defensoría advierte que la presencia de los grupos ilegales se manifiesta mediante cinco dinámicas simultáneas, que incluyen control hegemónico, disputas abiertas y tránsito estratégico en territorios de interés criminal.
Violencia y afectaciones a comunidades del Cesar
El documento señala que estas dinámicas han generado homicidios, secuestros, amenazas, reclutamiento de menores, cobros extorsivos y prácticas de “limpieza social” contra jóvenes, consumidores de sustancias psicoactivas, población LGBTIQ+, migrantes y personas estigmatizadas.
En municipios como Valledupar y Bosconia, “los grupos buscan imponer órdenes armados mediante intimidación y castigos degradantes documentados en la región”.
La Defensoría advierte que los impactos humanitarios afectan con especial gravedad a pueblos indígenas como kankuamo, wiwa y arhuaco, con presencia territorial y rutas de tránsito entre Valledupar y Pueblo Bello. También están en riesgo comunidades campesinas, afrodescendientes, pescadores y liderazgos sociales.
Además, la disputa por rentas ilegales se ha extendido a sectores económicos del Cesar, incluyendo la ganadería, el comercio y actividades asociadas a los corredores de movilización que conectan con la Troncal del Caribe, empleada para el tráfico de armas y narcóticos.
“La intención de la alerta es poder mitigar los riesgos”: Iris Marín, Defensora del Pueblo
La Defensora del Pueblo a nivel nacional, Iris Marín Ortiz, se pronunció sobre la Alerta Temprana que fue emitida, explicando la importancia de la misma.
“Este es un documento que es principalmente humanitario. La intención de la alerta es poder mitigar los riesgos que están enfrentando las poblaciones y poder activar una respuesta institucional que se adecúe al nivel de riesgo que están enfrentando las poblaciones que están sometidos al accionar de estos grupos armados ilegales”, señaló Ortiz.
Recomendaciones urgentes: prevención, justicia y protección étnica
La Defensoría dirigió 38 recomendaciones a instituciones nacionales y territoriales, organizadas en nueve ejes temáticos. El primer eje, prevención y protección, agrupa 18 medidas, entre ellas acciones inmediatas para mitigar el reclutamiento de menores, la violencia basada en género y la estigmatización que deriva en asesinatos selectivos.
Un segundo eje, enfocado en política pública, incluye seis recomendaciones destinadas a reducir vulnerabilidades estructurales. Entre ellas se destaca la garantía de acceso, titulación y ampliación de Tierras Colectivas de Comunidades Negras y resguardos indígenas, así como la incorporación de jóvenes en riesgo a educación superior o empleo formal en municipios del Cesar.
En materia de investigación y acceso a la justicia, el informe formula cuatro recomendaciones orientadas al desmantelamiento de las estructuras criminales del EGC y las ACSN, asegurando que los procesos judiciales tengan enfoque étnico y diferencial, considerando la presencia indígena en la región norte del Cesar.
Finalmente, los restantes ejes incluyen recomendaciones en coordinación institucional, paz, disuasión militar, asistencia humanitaria y fortalecimiento del Ministerio Público, exhortando al Estado a actuar de manera urgente y articulada para evitar que la confrontación continúe expandiéndose hacia los municipios del Cesar.
