Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. La fecha surgió en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, con el fin de visibilizar la realidad de miles de mujeres que mueren cada año por abortos inseguros. Treinta y cinco años después, cuando en Colombia se ha despenalizado el aborto hasta la semana 24 a través de la Sentencia C-055 de 2022, esta conmemoración se mantiene como un llamado a los gobiernos de la región para que asuman este tema como lo que es: un asunto de salud pública y de derechos humanos.
Y es que, en la práctica, las barreras persisten. Al respecto, el pasado 18 de septiembre se desarrolló el foro “Barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Cesar” en la Universidad Popular del Cesar, con participación de la secretaria de Salud de Valledupar, Jayde Medina; Carolina Daza, de la Veeduría Ciudadana Derechos Violenta; y Laura Castro, de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Causa Justa, quien señaló que, a nivel nacional, La Mesa ha acompañado más de 33.000 casos en los que prestadores de salud han negado la IVE.
A nivel local, la Veeduría reporta que la barrera más común proviene del mismo personal médico, que descalifica o culpabiliza a las mujeres. A ello se suman IPS que se niegan a realizar el procedimiento en municipios, remisiones indebidas a psicología o psiquiatría, y la falta de información pública. Indicó también que entre tres y cuatro mujeres al mes buscan acompañamiento por estas barreras. Ante estas denuncias, la secretaria de Salud se comprometió a continuar vigilando a las instituciones, exigir información visible sobre la ruta de acceso y pidió denunciar irregularidades en los correos pqrs_salud@valledupar-cesar.gov.co y salud@valledupar-cesar.gov.co .
Laura Escobar, enfermera de la Fundación Oriéntame en Valledupar, señaló que en la mayoría de IPS de la ciudad realizan el procedimiento con la técnica del legrado, un método obsoleto, agresivo y contraindicado por la OMS. Indicó que: “Hay métodos más eficaces y seguros para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recomendados por la OMS, como el tratamiento farmacológico utilizando la combinación mifepristona y misoprostol, o misoprostol solo cuando no se cuenta con la mifepristona antes de las 12 semanas de gestación de manera ambulatoria, procedimientos no farmacológicos como la aspiración manual endouterina (AMEU) antes de 15 semanas de gestación, y el procedimiento de dilatación y evacuación (D&E) antes de 24 semanas, estos dos últimos de manera ambulatoria y realizados por personal de salud debidamente capacitado”.
Este contraste entre lo que reconoce la ley y lo que ocurre en la vida cotidiana muestra por qué el aborto debe seguir discutiéndose en clave de salud pública. Desde las organizaciones que defienden los derechos reproductivos, hemos insistido en que restringir el acceso no reduce el número de abortos, solo los hace más peligrosos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha documentado que los abortos inseguros son más frecuentes en países con leyes restrictivas. Por eso, cuando un profesional de la salud se niega a prestar este servicio vital, empuja a la mujer a la clandestinidad, con graves consecuencias para su salud que no sucederían si se aplican los protocolos reglamentados por el Ministerio de Salud.
Por otro lado, atender las complicaciones derivadas de abortos inseguros cuesta mucho más que proveer un servicio seguro y oportuno. En términos económicos, el aborto seguro es una inversión que reduce la presión sobre hospitales y recursos públicos.
Pero, sobre todo, hablar del aborto como salud pública es reconocer que el acceso desigual profundiza las inequidades sociales. Las mujeres con recursos siempre han encontrado formas de acceder a estos servicios sin ponerse en riesgo, incluso viajando a otras ciudades y países. Las mujeres pobres, rurales o adolescentes muchas veces no tienen otra salida que acudir a procedimientos clandestinos, arriesgando sus vidas. Por eso organismos como la OMS, la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que garantizar el aborto seguro es una obligación de los Estados en el marco del derecho a la salud y a la vida digna.
En lugar de seguir atrapados en debates morales, el Cesar necesita políticas y acciones claras que garanticen el acceso real y sin barreras al aborto seguro. Eso implica fortalecer la educación sexual integral en colegios, capacitar al personal de salud para atender estos procedimientos con calidad y sin prejuicios, asegurar que los hospitales públicos, IPS y EPS cuenten con rutas claras y eficaces, y combatir el estigma, que en palabras de Laura Castro es la “despenalización social del aborto”.
Hablar del aborto como salud pública no es promoverlo: es reconocer que ocurre, que seguirá ocurriendo y que, si se garantiza de manera segura, salvará vidas y reducirá desigualdades. El 28 de septiembre nos recuerda que esta no es una lucha abstracta ni lejana. En el Cesar, en Valledupar, en cada municipio del país, hay mujeres y niñas cuya vida y futuro dependen de que reconozcamos que el aborto es un derecho humano y un servicio esencial de salud pública.
Por La Creciente – Colectivo Feminista
