En una campaña electoral para la presidencia de la República surgen muchas propuestas, algunas viables técnica y financieramente y al tiempo necesarias; otras necesarias pero inviables por ahora. Hay propuestas viables pero inocuas y de bajo impacto en la sociedad; hay propuestas en las cuales todos podrían estar de acuerdo por su obviedad; también las hay de fondo pero que afectan profundos intereses de un sector de la población o de una elite política o económica; son las más polémicas, como lo es la reforma pensional. A partir de la Ley 100/1993, el país sufrió un cambio profundo en el sistema de pensiones. Hasta ese momento, los trabajadores cotizaban para pensiones en el sistema público solidario, de prima media conocido como Colpensiones. La ley creó las AFP, un sistema de fondos privados de “pensiones” con ahorro voluntario, imitando el modelo chileno que impuso un dictador, y que sus impulsores vendieron como la joya de la corona.
Pero investigaciones del negocio actual afirman que este es un sistema perverso que no pensiona sino que capta ahorros voluntarios individuales para devolverlos indexados a una edad determinada del cotizante, más las utilidades si las hubiere, porque las AFP pueden invertir estos ahorros en títulos TES del gobierno, en empresas nacionales e internacionales, con sujeción al riesgo de los mercados financieros.
Además, estas devoluciones no serán entregadas en una sola cuota sino en fracciones durante la esperanza de vida del ahorrador. Recientemente, Tomás Uribe inauguró un centro comercial en Cartago, Valle, y dijo que parte de esa inversión había salido de las AFP; igual ocurrió con el puente Chirajara y otras como las de Odebrecht, en especial las vías 4G inundadas de peajes para que las utilidades de los fondos sigan creciendo. Desde 1995 hasta octubre de 2021, estos ahorros ascendieron a $357.8 billones, algo más que el presupuesto de la nación de este año.
