A través de su página web, la Gobernación del Cesar emitió un duro pronunciamiento cuestionando la aprobación de la construcción de una sede de la Universidad Popular del Cesar en La Jagua de Ibirico.
La sesión se realizó el pasado lunes con el voto positivo de 6 consejeros, incluyendo el de la Gobernación del Cesar. Pero desde un inicio cuestionaron la obra. “La discusión sobre una nueva sede de la Universidad Popular del Cesar en La Jagua de Ibirico no debería centrarse solo en más ladrillos, sino en una pregunta mucho más urgente: cómo garantizar, desde ya, educación superior pertinente, sostenible y accesible para los jóvenes del municipio”, inicia relatando el comunicado.
Luego, cuestionan las intenciones del proyecto: “Por eso, si en verdad existe voluntad de ampliar el acceso a la educación superior en La Jagua de Ibirico, la UPC puede comenzar desde ya a desplegar oferta académica en infraestructura existente, incluyendo colegios del municipio o espacios ya construidos en el territorio”.
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En ese sentido, la Gobernación del Cesar acusó que tendrían que esperar “cuatro años a que se surtan estudios, trámites y procesos constructivos no es la respuesta más seria frente a una necesidad que es inmediata”.
“Hay sedes subutilizadas”
Según la Gobernación, el departamento tiene infraestructura subutilizada. “La sede Aguachica de la UPC tiene capacidad para 6.000 estudiantes; la universidad en Curumaní puede albergar 6.000; y la sede La Paz de la Universidad Nacional, a una distancia razonable de La Jagua de Ibirico (menos de una hora, un tramo mínimo y fácil de recorrer), tiene capacidad para más de 10.000 estudiantes y actualmente recibe 1.200, una fracción de ese potencial”.
Al final, la entidad se atreve a cuestionar que no existe “claridad suficiente sobre la viabilidad operativa ni sobre la sostenibilidad financiera estructural de esa sede. Y ese no es un asunto menor”.
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Y explicaron por qué se abstuvieron de votar positivo: “En la sesión del Consejo Superior que dio luz verde a la sede en La Jagua de Ibirico, tres consejeros se abstuvieron de votar. No por estar en contra del desarrollo, sino porque pidieron estudios técnicos y financieros, así como claridad sobre el compromiso del Gobierno Nacional con el sostenimiento de la sede. Esa advertencia no puede ser minimizada”.
Y cerraron defendiendo su postura y argumentando que “la discusión, entonces, no es entre quienes quieren educación superior y quienes no. Esa es una falsa dicotomía. El verdadero debate está entre una visión que apuesta por anuncios de cemento y otra que exige resultados inmediatos, sostenibles y pertinentes para los jóvenes del departamento”.
