La Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018, normativa que definía y protegía el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta.
El fallo, emitido el pasado 12 de febrero de 2026, tumba la figura jurídica conocida como el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’. La caída de este decreto marca un giro drástico en la regulación de tierras y consultas previas en la región, ya que esta demarcación abarcaba un polígono con 348 sitios sagrados de estas cuatro comunidades indígenas.
La principal controversia del decreto radicaba en que dichos sitios sagrados se traslapan con amplias zonas territoriales de los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Bajo la vigencia del Decreto 1500, cualquier proyecto de infraestructura, construcción o hidrocarburos que se fuera a desarrollar en estos territorios estaba en la obligación estricta de realizar un proceso de consulta previa con las autoridades tradicionales.
¿Quiénes se oponían?
La acción judicial que llevó a esta nulidad fue interpuesta y promovida por tres de los gremios económicos más fuertes del país: la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
Para estos sectores productivos, la exigencia de la consulta previa en un territorio tan extenso representaba un freno logístico y jurídico para el avance de proyectos minero-energéticos e inmobiliarios.
Recomendado: Pacto por la Línea Negra: el plan de los arhuacos para sanar la Sierra Nevada hasta el 2065
En el caso específico del Cesar, el impacto se sintió con fuerza en la planificación de Valledupar. El trazado ancestral incluyó lugares emblemáticos que hoy son netamente urbanos e históricos, como la Plaza Alfonso López, la colonial Iglesia de La Concepción y el balneario de Pozo Hurtado en el río Guatapurí.
Al quedar buena parte de la ciudad dentro de este sistema de espacios sagrados, cualquier inversión importante, tendido de redes o gran construcción habitacional corría el riesgo de requerir un proceso de concertación.






