El 30 de septiembre se llevará a cabo la audiencia dialógica de construcción de la verdad en el marco del trámite de incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta diligencia hace parte del Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta, incluido en el Caso 09 que investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos, y está enfocada en el secuestro, tortura y desaparición de tres Mamos del Pueblo Arhuaco, así como la tortura de dos indígenas de esta población.
El llamado a esta audiencia responde a la presunta falta al deber de aportar verdad plena por parte de siete miembros retirados de la Fuerza Pública, involucrados en los hechos ocurridos en 1990. Entre ellos se encuentran el excomandante del Batallón La Popa, coronel (r) Luis Fernando Duque Izquierdo, y el exjefe de inteligencia, capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo, quienes fueron llamados inicialmente a rendir versión ante la JEP en 2024, en un espacio sagrado del pueblo Arhuaco, junto a víctimas y autoridades espirituales y políticas de dicha comunidad.
¿Quiénes eran las víctimas?
Estos hechos incluyen la detención ilegal, tortura y posterior homicidio de los mamos Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro, así como la detención y tortura de los hermanos indígenas José Vicente y Amado Villafañe Chaparro. Durante la diligencia del 19 de abril de 2024, la magistrada Caterina Heyck profundizó en el análisis de estas graves violaciones de derechos humanos y sus impactos en la autonomía, gobernabilidad y espiritualidad del pueblo arhuaco.
El proceso judicial ha sido largo y marcado por la impunidad. Aunque se iniciaron investigaciones en la justicia ordinaria y en la justicia penal militar, esta última absolvió a los militares involucrados en 1993. Sin embargo, ante la evidencia presentada y la solicitud de los familiares, organismos internacionales y la Corte Constitucional ordenaron reactivar las investigaciones, y en 2019 la Corte Suprema de Justicia revocó las absoluciones, reconociendo el carácter de crímenes de lesa humanidad de los hechos.
Faltas a la verdad
En mayo de 2025, la JEP abrió un incidente de incumplimiento al régimen de condicionalidad, ya que de la comparación entre las versiones de los comparecientes y la evidencia se advirtió posible falsedad o distorsión de la verdad. Este incidente involucra a siete miembros retirados del Ejército, quienes, aunque gozan de plena libertad, están sujetos a la obligación constitucional de aportar verdad plena bajo el régimen transicional restaurativo de la JEP, cuyo incumplimiento podría acarrear su expulsión de esta jurisdicción.
Además, la JEP compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar a civiles presuntamente vinculados a estos delitos, como Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías, José Mattos, Carlos Mattos y Wilson Ramírez, por su posible participación en la conformación de grupos paramilitares y otros delitos relacionados, en hechos evidenciados en varias propiedades utilizadas para llevar a cabo esas acciones criminales.
La JEP ha ratificado el carácter de lesa humanidad de estos crímenes, lo que reafirma la importancia de garantizar que no haya impunidad y que los responsables rindan cuentas por las graves violaciones cometidas, en defensa de la memoria, la justicia y la dignidad de los pueblos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Redacción EL PILÓN
