Durante el pasado puente festivo se sintió en Valledupar y varios municipios de la región cierto ambiente de incertidumbre motivado por las recientes denuncias sobre presuntas “pescas milagrosas” en corredores viales del sur del Cesar.
Pese a que todavía no se conocen hechos reales, se han encendido las alarmas de una región que conoce demasiado bien las dolorosas consecuencias de este flagelo que en el pasado mantuvo secuestrada a la ciudadanía en el área urbana de Valledupar, mientras las carreteras permanecían solitarias.
En el momento las autoridades se encuentran verificando los hechos reportados, pero la sola posibilidad de que prácticas asociadas al secuestro y la retención ilegal vuelvan a aparecer en las carreteras del departamento genera tensión y revive temores que durante años marcaron la vida de miles de familias cesarenses que vieron afectada la dinámica económica de la región.
A manera de recorderis, hay que decir que las llamadas “pescas milagrosas” representan uno de los capítulos más oscuros de la violencia que afectó al país y particularmente a esta zona del territorio nacional. Fueron años en los que viajar por carretera se convirtió en una actividad de alto riesgo, donde comerciantes, productores agropecuarios, transportadores, estudiantes y ciudadanos en general se movilizaban bajo la permanente amenaza de ser interceptados y privados de su libertad.
Hay que evitar a toda costa que esas sombras del pasado vuelvan a las carreteras del Cesar, por eso cualquier señal que sugiera el resurgimiento de estas prácticas debe ser atendida con toda la seriedad y contundencia por parte de las autoridades civiles, militares y policiales en razón a que la seguridad vial es un factor determinante para la estabilidad económica, la confianza ciudadana y el desarrollo de los territorios.
Por todo ello consideramos oportuna la decisión de la Quinta Brigada del Ejército Nacional de desplegar más de 500 soldados en las vías del sur del Cesar, Santander y el nordeste antioqueño, eso ayuda a mitigar un tanto la preocupación expresada por transportadores y comunidades. La presencia institucional en las carreteras es necesaria para la tranquilidad de la ciudadanía y también para enviar un mensaje de autoridad a los grupos armados ilegales que pretenden sembrar miedo.
Por ahora lo único cierto es que hay señales que ameritan ser atendidas y que obligan a fortalecer los mecanismos permanentes de inteligencia, vigilancia y articulación entre las diferentes entidades responsables de la seguridad. Las autoridades deben tener muy claro que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar que las organizaciones criminales encuentren espacios para actuar y afectar la tranquilidad de los viajeros.
Además, la preocupación por la seguridad vial también tiene un efecto económico que no puede pasarse por alto, debido a que el Cesar es un departamento con una fuerte vocación agropecuaria y comercial. Sus productores dependen de corredores viales seguros para transportar cosechas, ganado, insumos y mercancías hacia diferentes mercados del país.
Esa dinámica la constituye la estrecha relación económica y social que mantiene el Cesar con departamentos vecinos como Santander, Norte de Santander, Antioquia, La Guajira, Magdalena, Bolívar y el resto de la región Caribe. Cualquier alteración de la seguridad en estos corredores repercute en los procesos productivos de la región porque encarece los costos de transporte y debilita la confianza necesaria para impulsar el progreso, algo que ya ocurrió en el pasado reciente.
Nuestro llamado es a que no se baje la guardia, que las instituciones actúen de manera coordinada, que la ciudadanía siga denunciando cualquier situación sospechosa y que se mantenga una presencia efectiva del Estado en las carreteras de la región.
