Jorge Humberto Botero

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19/06/2008

La coyuntura monetaria y cambiaria que vivimos es singularmente compleja. Después de años de sostenidos progresos en la lucha contra la inflación, los datos recientes son preocupantes: el nivel general de precios crece al 6.39% anual, por encima de la meta del 4%; de otro lado, y a pesar de enormes esfuerzos para evitar la reevaluación, en el transcurso del año el dólar ha perdido el 20% de su valor frente al peso.

Lo primero erosiona el poder de compra y los salarios de la mayoría de los colombianos, especialmente de los más pobres; encarece el crédito, amenaza la sostenibilidad del crecimiento y, por ende, la tasa de empleo. Hay que recordarlo porque, con la notable excepción del Banco de la República, cuyo cometido institucional justamente consiste en garantizar la estabilidad de los precios, pocos defensores tiene la lucha contra la inflación.

Las razones de esta orfandad son varias. Como nunca hemos padecido una hiperinflación, digamos, como las del Cono Sur, no hay conciencia sobre sus desastrosas consecuencias. La inflación es una enfermedad difícil de percibir que afecta al conjunto de la sociedad en el mediano y largo plazo. Los gobiernos, por el contrario, suelen tener un sesgo hacia los intereses de sectores específicos y definir sus acciones en consonancia con el ciclo político determinado por las próximas elecciones. Justamente por eso muchos países, incluido el nuestro, tienen bancos centrales independientes.

La reevaluación, sobre todo cuando ocurre con la inusitada intensidad actual, disminuye la rentabilidad de las exportaciones y pone en jaque la producción nacional que compite con importaciones. Por este motivo, productores de café, banano, flores, textiles y vestuario afrontan dificultades. No es menos cierto que la apreciación del peso, al abaratar las importaciones y disminuir el costo del endeudamiento externo, facilita la renovación tecnológica y el acceso al financiamiento externo.

Si el debate sobre estas materias tuviera mayor madurez, se habría reconocido que las autoridades monetarias están condenadas a seguir políticas restrictivas. La inflación actual, asociada como está al precio internacional de bienes básicos transables internacionalmente (petróleo, ciertos alimentos), es fenómeno global que conduce, en todas partes salvo en los Estados Unidos, a que los bancos centrales, dado no pueden frenar su dinámica alcista, actúen sobre el conjunto de los precios que se determinan en el ámbito interno, los cuales, por cierto, son la mayoría. En este país, además, porque la demanda doméstica crece mucho más que la producción, síntoma inequívoco de recalentamiento de la economía.

Igualmente, tendríamos claro que la reevaluación se origina en la depreciación del dólar, causada, a su vez, por el financiamiento del déficit externo de los Estados Unidos mediante masivas emisiones monetarias, y al flujo sostenido de inversión extranjera hacia Colombia. A nadie se le ocurriría pensar que conviene ahuyentarla.

Por último, se habría admitido que pretender, simultáneamente, bajas tasas de inflación y un tipo de cambio depreciado son objetivos que, en las condiciones actuales, entran en contradicción. Permitir que la liquidez aumente más allá de ciertos límites imprecisos, puede inducir devaluación del peso pero a costa de deteriorar la capacidad adquisitiva de la vasta mayoría de la población.

Hay, sin embargo, acciones para mitigar la revaluación que el Gobierno, con buen juicio, comienza a explorar; por ejemplo, una estrategia agresiva de reducción del gasto público, el cual, por su propia naturaleza, es revaluador. En efecto: el Estado tiene una propensión menor a importar que el sector privado. Mientras este demanda bienes de consumo, materias primas y equipos que no se producen localmente, aquel gasta el grueso de sus ingresos dentro del país en salarios, transferencias e intereses de la deuda contratada en pesos. Al disminuir la demanda de dólares para pagar importaciones, el peso tiende a apreciarse. La medicina es amarga pero puede ser eficaz.