Amylkar D. Acosta M

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15/06/2008

Colombia no ha sido ajena a la escalada alcista de los precios internacionales del petróleo y sus repercusiones de toda índole. Si bien se ha venido beneficiando a medias del alza en la cotización del crudo, dada su condición de país exportador, no por ello está exenta de sus efectos colaterales sobre la inflación, las finanzas públicas y el bolsillo de los colombianos.

Entre el 2002 y el 2008 el precio del barril de crudo subió la friolera del 500%, sólo en el año 2007 se disparó un 57% y en lo que va corrido del año se ha trepado en más del 30%.

Colombia es autosuficiente en gasolina, pero no en diesel; de este debe importar más del 5% del consumo interno y desde 1999 el gobierno se propuso nivelar los precios internos con los precios internacionales de tales combustibles, desmontando gradualmente el subsidio a los mismos. El monto de estos, según cálculos del Ministerio de Minas y Energía, superará este año los $6 billones, equivalentes al 4.7% del presupuesto aforado para 2008.

La reacción de los alcaldes y gobernadores, que verían afectados los fiscos territoriales, disuadió al gobierno nacional y este terminó optando por la línea del menor costo político. En efecto, aplazó el desmonte de los subsidios, extendiéndolos hasta el 30 de junio de 2010 para la gasolina y 30 de junio de 2011 para el diesel; eso sí, el aumento mensual será del orden de los $100, el doble de los meses anteriores. Al margen de esta medida se tomó otra, totalmente absurda y contraproducente, como fue la autorización de importar desde Brasil 2.500 barriles diarios de etanol, equivalente al 40% de la producción interna, para ofrecer la mezcla en los departamentos del Caribe colombiano, Tolima, Huila y Antioquia.

La Ley 693 de 2001, de mi autoría, fue diáfana al establecer en su artículo 3º al considerar al etanol “como dinamizador de la producción agropecuaria y del empleo productivo, tanto agrícola como industrial” y al importarlo ipso facto deja de serlo, con lo cual se está contrariando la letra y el espíritu de la ley tornándose nugatoria. Además, si bien es cierto el artículo 88 de la Ley 788 de 2002 no distingue el origen del etanol que se destine a la mezcla con la gasolina a la hora de eximirlo del impuesto global y la sobretasa, se sobreentiende que este incentivo lo estableció el legislador para favorecer la producción doméstica de etanol y no para el importado. Basta con interpretar las leyes aludidas de forma sistemática y armónica para entenderlo así.

Es claro que con esta atrabiliaria medida se están cambiando sin vísperas las reglas de juego a esta incipiente industria, dando una señal equivocada y se está contradiciendo en la práctica la tan cacareada seguridad inversionista de la que hace tanto alarde el gobierno. Da la impresión que a la Comisión intersectorial para el manejo de los biocombustibles, creada en virtud del Documento CONPES 3510, se la saltaron a la torera, pues no de otra manera se puede interpretar el disgusto del ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, con la medida. “Valiente gracia pretender aliviar el costo del petróleo importando un combustible que también está muy caro”, afirmó él; por ello compartimos su opinión en el sentido que de lo que se trata es de estimular e impulsar aún más la producción nacional de etanol para abastecer las regiones que aún no están cubiertas con la mezcla tanto de biogasolina como de biodiesel. De otro modo, en qué quedan “las acciones gubernamentales…orientadas a promover la consolidación del mercado doméstico” de los biocombustibles, como lo pregona el Documento CONPES ya mencionado recién expedido el 31 de marzo de este año.

Y pensar que estas medidas que tomó el gobierno están supeditadas a lo que ocurra con el precio del oro negro en lo sucesivo y todo indica que esta espiral alcista va a continuar, de modo que quizá qué otras sorpresas se nos depararán. Ya quienes atraídos por la propaganda del gobierno sobre las ventajas y los beneficios de la conversión a gas de los vehículos automotores están con los nervios de punta con la amenaza del gobierno de gravarlo con una sobretasa, sintiéndose timados y perjudicados.

Ah…y el otro invento, el del pico y placa las 24 horas a lo largo y ancho del país, el cual tiene confundidos y desconcertados a empresarios, comerciantes y dueños de vehículos, que no entienden cómo se favorece la masiva importación de vehículos al país, para que estos terminen en los garajes y parqueaderos.

*Editado

www.amylkaracosta.net

1. Ex presidente del Congreso de la República