Juan Camilo Restrepo

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21/05/2008

La lógica explicada por el gobierno para extraditar sorpresivamente a trece jefes paramilitares, además de la revelación (que debe creerse por supuesto aunque no ha sido explicada en detalle) de que seguían delinquiendo desde las cárceles colombianas, reposa en la afirmación de que está asegurada la colaboración de las autoridades judiciales norteamericanas. Para que las pruebas y bienes que se recauden en los procesos que se adelanten en los Estados Unidos sirvan para resarcir a las victimas colombianas del paramilitarismo.

En efecto: el presidente Uribe, en su alocución del 13 de mayo, anunció que podrán hacerse presentes representantes colombianos en los juicios que se sigan en Estados Unidos. Y agregó: “los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos”.

¿Pero, en realidad, facilitan estos acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos la transmisión hacia Colombia de las pruebas que allá se recauden? La respuesta es crucial pues ésta es la espina dorsal de la argumentación gubernamental que se esgrimió para justificar las intempestivas extradiciones.

Coincidencialmente la víspera de que se anunciaran las extradiciones de los capos paramilitares el periódico el “Tiempo” publicó una cuidadosa crónica preparada por su unidad investigativa titulada “Convivir de enlace bananeros-“paras” querría reencaucharse”. Allí se relatan las vicisitudes que han sufrido las autoridades colombianas para judicializar a las directivas de Chiquita Brands que utilizaron a la tenebrosa convivir “Papagayo” para canalizar sobornos hacia los grupos paramilitares en el Uraba Antioqueño.

La trascripción de un trozo textual de esta crónica (aparecida en la edición del 12 de mayo de “El Tiempo”) resulta útil para entender el porqué del temor de que los mecanismos de cooperación judicial con los Estados Unidos están lejos de ser una realidad confiable.

“No llega cooperación de Estados Unidos sobre Chiquita Brands, dice la crónica. El silencio de las autoridades judiciales de los Estados Unidos podría dejar en la impunidad el capitulo norteamericano de los pagos de la multinacional Chiquita Brands a los grupos paramilitares de Urabá y Magdalena.

Un año y dos meses después de que se anunció en acuerdo entre Chiquita y el departamento de Justicia de los Estados Unidos, que estableció una multa de 24 millones de dólares por apoyo a grupos terroristas en el exterior, las autoridades colombianas no han logrado conocer oficialmente el nombre de los ejecutivos de la multinacional que autorizaron o estuvieron al tanto de esos pagos ilegales.

La preocupación de la fiscalía radica en que el proceso se inició en noviembre del 2006 y en 6 meses cumplirá dos años, tiempo que tienen los investigadores para armar el caso. Pasado ese lapso, según la ley, si no hay pruebas para acusar individualmente a los presuntos responsables se dictará preclusión. Terminará el proceso y no podría ser reabierto por los mismos hechos.

Aunque la Fiscalía envió a través de los canales diplomáticos una carta de asistencia judicial a las autoridades de los Estados Unidos para que suministren los nombres de las personas que durante el 2000 y el 2004 estuvieron dirigiendo la empresa, la información no ha sido entregada. Además el propio Fiscal General Mario Iguarán- concluye la crónica- ha hecho la misma petición en reuniones con funcionarios de ese país”.

No basta pues con decir que los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos aseguran que las victimas colombianas de las tenebrosas bandas paramilitares vayan a ser resarcidas. Hay que demostrarlo con hechos. De lo contrario, vamos a ver muchas más operaciones Papagayo en los meses que vienen.