Alejo Vargas Velásquez

14/05/2008

Sorpresivamente el Gobierno extraditó a 13 jefes paramilitares a Estados Unidos por razones que se resumen en estos argumentos: a) unas confesiones a cuentagotas y que mostraban todo menos deseos de cooperar con la justicia; b) una burla en la entrega de bienes para el proceso de reparación a las víctimas; c) un apoyo abierto o encubierto a la nueva generación de grupos paramilitares -o las bandas emergentes como las denomina el discurso gubernamental. Es altamente probable que continuaran adelantando actividades de narcotráfico desde su reclusión.

Sin duda, la decisión del Presidente Uribe es audaz y da una clara muestra de la decisión del Estado de aplicar todo el rigor de su capacidad punitiva frente a delincuentes que lo engañaron. Veamos los antecedentes: el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares fue producto de un proceso de negociación con el Gobierno en el cual se acordó la desmovilización de estas estructuras armadas a cambio de un tratamiento penal benigno y de una cooperación de los jefes de estos grupos en el establecimiento de la verdad acerca de los crímenes cometidos -especialmente los de lesa humanidad-, la reparación de las víctimas y el abandono de las actividades delincuenciales.

La Ley de Justicia y Paz buscaba establecer un balance entre justicia -seguramente no la deseable por muchos para los crímenes cometidos por estos grupos, pero es realista que desmovilizar un grupo armado sin vencerlo previamente requiere concesiones-, verdad, reparación y reconciliación. La medida tomada por el Gobierno colombiano podría interpretarse como el fracaso de esta Ley y del proceso de la parapolítica que en buena medida se derivó de la desmovilización de estos grupos y de la acción eficaz de la Corte Suprema de Justicia; al respecto prefiero situarme en la lógica de evaluación de políticas públicas que nos enseña que éstas parcialmente presentan resultados positivos y parcialmente fracasan en obtener otros.

No hay duda que la desmovilización de los grupos paramilitares -así no haya sido total como sospechan muchos- y de sus jefes más visibles, es un resultado positivo, porque permitió conocer las caras de muchos de los miembros de estos grupos delincuenciales. También es positivo el que se hubiera conocido parte de la verdad de las actividades delincuenciales de estas organizaciones paramilitares -masacres, asesinatos, desapariciones, localización de cuerpos, relaciones con líderes políticos-.

Pero no hay duda que el principal mecanismo de presión que tenían los jefes paramilitares para colaborar con la justicia era la no extradición si cooperaban en el proceso. Con la decisión de extraditarlos, el Gobierno ha enviado un mensaje claro: no le tiembla la mano para acudir al "garrote" si incumplían lo pactado. Pero igualmente puede interpretarse como una reiteración del compromiso de su lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales asociadas al mismo -con lógica contrainsurgente o no-.

Otras voces pueden plantear que lo sucedido con la extradición de los jefes paramilitares fue el entierro de la Ley de Justicia y Paz y derivado de allí el de la parapolítica. Frente a eso debemos decir que el gran desafío lo tiene la justicia norteamericana y colombiana en sus mecanismos de cooperación: si no se logra que los extraditados continúen cooperando en el esclarecimiento de la verdad desde las cárceles norteamericanas y en la reparación de sus víctimas, incluida la posibilidad de que puedan participar en sus procesos como parte civil de los mismos, la conclusión puede ser que fracasaron los objetivos de la Ley de Justicia y Paz.

Ahora bien, legítimamente los escépticos podrán anotar que se acabaron los incentivos propios del tratamiento penal benigno para colaborar con la confesión de crímenes y además que a la justicia norteamericana sólo le interesa el tema del narcotráfico y no los delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia. Allí está el desafío que veremos en los próximos meses.

*Profesor Universidad Nacional