Jorge Humberto Botero

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09/05/2008

El precio del maíz, la soya, el trigo y el arroz en los mercados internacionales ha aumentado en promedio el 80% a partir de 2005. Estos incrementos jalonan los de otros productos que incorporan los dos primeros como materias primas: etanol, pollo y carne. Algo semejante ocurre aquí: siguiendo una tendencia que viene de años atrás, durante el mes de abril el índice de alimentos aumentó 1.18%, cifra que dobla la tasa mensual de inflación.

Los efectos de esta dinámica son benéficos para los países exportadores netos de alimentos -Rusia, Brasil-. Terribles para quienes se encuentran en la situación contraria y no tienen recursos para adquirirlos -Haití, Costa de Marfil-. Dentro de los distintos países resultan ganadores los productores de alimentos y quienes participan en su cadena de agregación de valor, pero padecen impactos negativos los pobres dado que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de comida. El incremento de precios ocurrido en los tres últimos años amenaza con devolver a la pobreza 100 millones de personas.

Las causas de este fenómeno son múltiples. China, la India, los países petroleros de oriente medio han incrementado su nivel de ingreso de manera sostenida; esa mayor capacidad de compra se traduce en una sólida demanda por más y mejores alimentos. De otro lado, el incremento de la producción de biocombustibles, sobre todo a partir del maíz, ha significado una importante fuente de demanda nueva para fines diferentes a la producción de comida. El efecto combinado de ambos factores más que ha duplicado la demanda de granos entre 2001 y 2007.

Hay también factores estructurales del lado de la oferta que inciden en la escasez y los elevados precios actuales. La pérdida de productividad asociada a la declinación de la investigación agrícola tropical; la disminución de tierras cultivables que ocasiona el crecimiento de las ciudades en el mundo en desarrollo; y los perversos subsidios concedidos por los países ricos a su agricultura, los cuales, al deprimir los precios internacionales, han cerrado oportunidades a muchos países que producirían alimentos si esas distorsiones no existieran.

Por poderosas razones morales, es urgente que los países ricos, que son, en buena parte, responsables de la crisis alimentaria, suministren los US $ 500 millones adicionales que anualmente se requieren para mantener el programa mundial de alimentos de Naciones Unidas. Es cuestión de vida o muerte para los más pobres del planeta. En algunos países vulnerables se ha decidido ampliar los sistemas de entrega de alimentos subsidiados o a cambio de trabajo en obras públicas. En países de mayor fortaleza alimentaria e institucional, puede ser necesario incrementar los programas de transferencias monetarias condicionales tipo “familias en acción”.

Ahora que los precios de los bienes agrícolas son altos, es el momento para que la Unión Europea, Estados Unidos, Corea y Japón inicien el desmonte de los subsidios a su propia producción. El grupo de países pobres y de ingreso medio, cuyas ventajas comparativas han sido artificialmente anuladas por esas distorsiones, deben escalar su presión en las negociaciones de la Ronda Doha. En esta tarea tenemos un papel que jugar al lado países como Brasil, China y Australia.

Desde mi torre de marfil tres propuestas para Colombia. 1) Estudiar una reducción permanente de los aranceles de bienes agrícolas. Es la forma correcta de ayudar a los consumidores; los mercados domésticos gozan de elevada protección en razón de los altos costos del transporte y los precios altos van a perdurar. 2) Como la investigación agrícola es un bien público que el Estado debe financiar, pero no necesariamente realizar, resulta imperativo saber si la estamos haciendo bien. 3) Hay que apretar el paso para convertir la Orinoquía en un gran polo de desarrollo agropecuario y forestal.