Darío Arregocés Baute

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06/05/2008

Parece ser que la economía y el derecho constitucional se encuentran en diferentes orillas, porque se cree que al economista se preocupa más por el crecimiento económico que por el bienestar general, en tanto que para el derecho constitucional, el bienestar general se convierte en la razón de ser del Estado. Para los economistas de nuevo cuño, el crecimiento económico que genera bienestar social en toda la población, se da siempre y cuando existan las condiciones apropiadas para la acumulación de riqueza, dentro de un valor positivo de la desigualdad.

Por su parte, el derecho constitucional concibe el bienestar general como la finalidad primordial del Estado. No se opone al desarrollo económico, pero evita desde el marco de lo normativo cualquier situación de desigualdad, dentro de una perspectiva democrática y pluralista, donde todos tengan iguales oportunidades.

Keynes, tan duramente cuestionado por los hoy defensores del libre mercado, propendió justamente por encontrar la fórmula que condujera a un Estado de Bienestar y para lograrlo el economista británico propuso tres estrategias: i) bajar las tasas de interés ii) aumento del consumo y iii) mayor inversión pública.

La teoría no obstante haber tenido grande aplicación en el siglo pasado no es de buen recibo para quienes defienden el nuevo modelo económico, pues consideran que el Estado benefactor de los sectores vulnerables de la sociedad, es proteccionista y por esa vía se llega fácilmente al parasitismo.

Lo anterior se traduce en que es la gente la que debe procurarse su propio desarrollo y no esperar que el Estado lo haga en su lugar. De otra parte los neoliberales miran con displicencia principios muy caros a nuestra Constitución Política como el Estado Social de Derecho y el de la Dignidad Humana, pues consideran que de alguna manera limitan el desarrollo económico del país. Veamos porqué.

La Corte Constitucional, concretamente la de Carlos Gaviria y Hernández Galindo, se dio a la tarea de desarrollar en la práctica dichos principios a través de sus sentencias y en aplicación de los postulados constitucionales, que anteponen al ser humano por encima del interés económico.

Es así como el fallo mediante el cual se desmontó el sistema UPAC, o el fallo mediante el cual se ordenó la indexación retroactiva de los salarios, es decir incremento del salario según el I.P.C. - índice de precios al consumidor- son señalados como generadores de una gran desconfianza en el sector financiero, al tiempo que consideran que la Corte, se extralimita en sus funciones, pues el papel que le está dado a la justicia, es el de juzgar de manera objetiva caso por caso, hacer cumplir obligatoriamente los contratos y castigar al que no lo haga y pare de contar. Según ellos, la Corte Constitucional se ha venido tomado atribuciones que son de competencia exclusiva del legislativo, encargado de dictar leyes en sentido general.

Para controvertir lo anterior bastaría mencionar los serios cuestionamientos sobre la legitimidad del Congreso, tomando en cuenta el elevado número de parlamentarios que están siendo investigados cuando no juzgados ya, por diferentes delitos, pero aún más, con la economía de mercado, vinieron las privatizaciones, que se justificaban en la ineficiencia del Estado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Fue así como se privatizaron entre otras, las electrificadoras en un 70% de la generación y el 50% de la distribución. ¿Qué se logró?.

La tendencia a la concentración de la propiedad y la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres, aumentó ochenta veces el excedente económico entre el apenas 3% de la población con un elevado índice de pobreza, no existe además justicia redistributiva, vale decir, el pago de tributos al Estado, no redunda en mejores servicios públicos sino que es absorbido por el pago de la deuda pública y cada día nuestros entes territoriales pierden autonomía - bástese con citar la ley de transferencias-. A ello se suma la corrupción que campea a todo nivel y ante la casi total extinción de los sindicatos y la inexistencia de un Congreso eficiente, no nos queda sino la Corte Constitucional, como el ente encargado de reivindicar los derechos del ciudadano del común y de la clase trabajadora, a fin de consolidar una verdadera justicia social.

darioarregoces@hotmail.com