Yonglin Ovalle Zuleta

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29/04/2008

En el país hoy se respira un aire de relativa seguridad. Se ha ganado en el derecho de la libre circulación, sin temor a ser secuestrado, especialmente los productores del campo quienes por mucho tiempo se convirtieron en objetivos militares de las organizaciones guerrilleras.

Los retenes o las famosas ‘pescas milagrosas’ son recuerdos del pasado. La amenaza del secuestro no sólo circundó las goteras de muchas ciudades intermedias como Valledupar y de otras más grandes como Bogotá, sino que se adentró en el corazón de ciertos sectores residenciales. Se vivieron tiempos aciagos, de mucha incertidumbre por parte de ciertos sectores socio-económicos de clase media-alta y alta.

La insurgencia que mantuvo dominio absoluto en vastas zonas del país se extralimitaron en el abuso de las amenazas y la extorsión. De manera simultánea, los grupos mafiosos organizados en carteles, representaron una seria amenaza para la estabilidad del país.

Enfrentaron al Estado armando ejércitos privados, cuyos integrantes eran preparados por instructores veteranos traídos de Israel e Inglaterra. Se formó en la década del ochenta y principios del noventa, una especie de guerra sucia, donde cayeron grandes personalidades de la política, del periodismo, altos oficiales del ejército y de la policía. Esa fue la época del genocidio contra la unión patriótica. La suerte del país estaba en vilo. El sentimiento popular era de un total pesimismo.

La estrategia de la negociación, implementada por el gobierno de Andrés Pastrana con zona de distensión para la guerrilla de la Farc, se convirtió en una frustración para el país. Se careció de voluntad y parece que las partes enfrentadas, guerrilla y gobierno, hablaron lenguajes diferentes. Sobrevino después el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y empezó la aplicación de su política de seguridad.

Empezó a golpear a las guerrillas y las fue minando en su capacidad ofensiva. La estrategia consistió en deslindar su relación de apoyo con la sociedad civil, especialmente con los campesinos, en aquellas zonas donde había predominio de las fuerzas insurgentes. Los labriegos cayeron como víctimas en zona de fuego cruzado y los sobrevivientes se desplazaron, dejando sus propiedades abandonadas, las cuales se fueron transfiriendo a nuevos dueños.

El país está hoy sumido en una crisis institucional de grandes proporciones. Los comandantes paramilitares están hablando y contando las verdades sobre las estrategias que aplicaron en su lucha antisubversiva.

Acabaron con el secuestro en las vías y trochas del país, pero se tomaron subrepticiamente los poderes públicos, con la excepción de la Corte Suprema de Justicia, la cual está sacando coraje y sabiduría para defender los restos del Estado Social de Derecho. Los colombianos debemos cerrar fila en torno al trabajo que desempeña esta magna institución que está en defensa de los principios de verdad, justicia y reparación.

Pueda ser que la crisis la aprovechemos para avanzar en un futuro por la construcción de un nuevo país, donde predomine el Estado, como garante único de la seguridad a través del monopolio de la fuerza para neutralizar los brotes permanentes de la delincuencia común en campos y ciudades.

Ese nuevo amanecer del país sólo es posible conociendo la verdad de lo acontecido en esa época aciaga de la violencia y con la aplicación de una rigurosa justicia que, implica de paso, expropiación y reparación para los damnificados.