Javier Dario Restrepo

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18/01/2008

El domingo pasado se cumplieron 110 años de la publicación en el diario parisino L’Aurore, el del titular más famoso en la historia del periodismo: J’accuse’, de Emile Zolá.

Pero más importante que el titular fue, por supuesto, la defensa que el escritor hizo del capitán Alfred Dreyfus, acusado de entregar información militar secreta a los alemanes. Tres días antes de la publicación de Zolá un consejo de guerra había absuelto al culpable verdadero, el comandante Esterhazy, mientras Dreyfus languidecía en la Isla del Diablo, condenado a cadena perpetua desde 1896, con pruebas insustanciales y acomodaticias. Fue lo que el escritor denunció en el célebre artículo que logró la revisión del proceso en el que se reconocería, finalmente, la inocencia del capitán pero no su rehabilitación. Para el ejército era imposible reconocer su error, por tanto debía mantenerse la imagen del Dreyfus culpable, aunque fuera con atenuantes.

¿Por qué esta obstinación en la contraevidencia? ¿Por qué la insistencia en tratar como culpable al que no lo era? Aquí había una razón institucional: el honor del ejército, que podría sufrir deterioro si se reconocía el error.

Al finalizar la semana pasada, el país contempló atónito otro caso de obstinación en la contraevidencia, cuando el presidente Chávez hizo su desafiante defensa de las Farc. 24 horas antes había recibido a dos colombianas que habían permanecido secuestradas más de seis años por las Farc.

Una de ellas había estado al borde de la muerte al dar a luz, dentro de las menos que precarias condiciones de los secuestrados de la guerrilla; a esa misma mujer la habían separado de su hijo; estas mujeres dieron testimonio de las normas atroces que rigen para las mujeres en las Farc; su liberación revivió el recuerdo del asesinato de los 11 diputados por parte de las Farc, hechos evidentes, entre otros, que el presidente Chávez pretendió borrar con dos párrafos de defensa del grupo guerrillero. Como en el caso Dreyfus, en que el honor militar puso a aquel estado mayor en contra de la realidad, un interés político (megalomaníaco, o revolucionario, o bolivariano, lo que sea) impide ver la realidad como es, porque el proyecto revolucionario la ha secuestrado y la muestra como mejor le conviene.

El presidente Uribe arremete contra el candidato Samuel Moreno con su obstinación característica, una y otra vez durante aquella última semana preelectoral, insiste en señalarlo como aliado, por lo menos pasivo, de la guerrilla; que es la misma acusación lanzada contra su antiguo profesor, Carlos Gaviria, y constantemente esgrimida contra su acusador en el Congreso, el senador Gustavo Petro. Este fue guerrillero desarmado, aquel comulga con las ideas del partido de oposición, y el nuevo alcalde de Bogotá, apoyado por el Polo, nunca ha dejado de ser un político activo; sin embargo, de creerle al Presidente, son tres enemigos de la democracia y parte de la hecatombe que justificará su tercer período presidencial.

Como aquellos militares franceses, Chávez y Uribe se obstinan en mantener la realidad secuestrada porque así conviene a sus intereses políticos. Los escépticos afirman que el hombre está incapacitado para conocer la realidad, por la limitación de su entendimiento, pero no advirtieron que entre esas limitaciones está la fuerza oscurecedora de los intereses y presiones políticas.

¿Qué fue lo que Zolá puso al desnudo en aquel demoledor alegato de hace 110 años, cuando su pasión por la justicia le reveló una realidad que le había ocultado a sus jueces militares, su mítica idea del honor militar?