Alfonso Gómez Méndez

Opinión del 08/04/2007 Inmunidad y fuero de los congresistas Opinión del 14/03/2007 Educación y desigualdad social

26/04/2007

Nos acostumbramos los colombianos a que cada vez que hay un magnicidio, un crimen de resonancia o uno de los aún frecuentes atentados terroristas -a pesar de los pregonados éxitos de la política de seguridad gubernamental- automáticamente se anuncian dos medidas en los medios: consejo de seguridad y recompensas para quienes den pistas a las autoridades que permitan identificar y capturar a los responsables.

A los consejos de seguridad -que casi siempre implican desplazamiento presidencial- asisten además del jefe del Estado, los Ministros del Interior y de Defensa, el Fiscal General, el Procurador, el Comandante del Ejército, los Directores del Das y de la Policía y desde luego, las autoridades locales cuando el hecho no ocurre en la capital de la República. Se supone que en esas “cumbres” se analiza la situación, se oyen hipótesis sobre la autoría (cuando vivía Pablo Escobar Gaviria era el primer sospechoso como lo es ahora la guerrilla de las Farc), se realiza una rueda de prensa y obviamente se anuncia la investigación exhaustiva, que llegará “hasta las ultimas consecuencias”.

Un observador desprevenido podría pensar que esos consejos de seguridad deben hacerse antes y no después del “bombazo”, el homicidio o la acción terrorista. Las dependencias de inteligencia e investigación deberían realizar permanentes reuniones para evitar la comisión de los delitos y no para estudiar después sus consecuencias. Valdría la pena replantear la eficacia de esos consejos de seguridad a posteriori. Cuánto le cuesta al Estado, no solo en dinero, sino en el funcionamiento mismo de la administración el masivo desplazamiento de altos funcionarios gubernamentales para comentar lo que ya pasó?. Con estos consejos de seguridad pasa lo mismo que con los antibióticos que cuando se abusa de ellos y se usan para todas las ocasiones, terminan en ineficaz rutina. Tal vez se pueda decir que no ha habido un solo crimen que se haya esclarecido como consecuencia de las medidas tomadas en esas famosas como inútiles reuniones de “alto nivel”.

Cosa parecida ocurre con el mecanismo de las ofertas económicas a los ciudadanos para que movidos por el lucro orienten a los organismos estatales en la investigación y descubrimiento de los autores de delitos graves. En primer lugar, se establece como principio que solo el dinero puede impulsar a los colombianos para que ayuden al Estado en la ubicación y captura de terroristas de cuyas acciones ellos mismos pueden ser futuras víctimas. Podría hasta plantearse la inconstitucionalidad de estas “recompensas” teniendo en cuenta que el artículo 95 de la Constitución señala entre los deberes de los ciudadanos entre otros, los de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas” y “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. Puede el Estado incentivar económicamente a las personas para que cumplan con los deberes que les impone la Constitución Política?.

De otro lado, no han sido infrecuentes los casos en que individuos inescrupulosos, por ganarse una recompensa, “inventan” películas inicialmente creíbles que terminan llevando a personas inocentes a la cárcel. La labor del Estado es estimular la solidaridad y el cumplimiento de los deberes de los asociados. También sería conveniente preguntarse si realmente esas recompensas han servido de algo. En algunas ocasiones los propios delincuentes se “reparten” el trabajo para que uno de ellos se gane el millonario botín.

No repitamos mas la escena de los altos funcionarios estatales anunciando en inútiles consejos de seguridad millonarias recompensas (cuyo monto depende muchas veces de la importancia de la víctima) que por lo demás, no han servido para nada.