El proyecto que modifica la Ley 551 de 1999, que amplía hasta por la suma de 100 mil millones de pesos la emisión de la estampilla pro Universidad Popular del Cesar, creada por la Ley 07 de 1984 como recurso de financiación, fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

El ponente del proyecto, Alfredo Cuello Baute, solicitó al Congreso de la República el respaldo y trámite a este proyecto para ampliar la cuantía establecida en la citada Ley.

Antes de que le den los debates restantes, el proyecto encontró sus primeras ‘talanqueras’. Ciro Jiménez Cujia, consejero académico de la Universidad Popular del Cesar, señaló que el artículo tercero de la ponencia resulta desfavorable para los intereses financieros del Alma Máter.

Jiménez Cujia recordó que existen dos ponencias que precedieron a la presentada por Alfredo Cuello Baute, las cuales fueron expuestas, años atrás, por los ex senadores Luis Mariano Murgas y Germán Villegas.

“Las dos ponencias iniciales planteaban la creación de una junta especial pro construcción de la Ciudadela Universitaria, de la que debían hacer parte el Rector, los representantes de los docentes y los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, un representante de los gremios y el Gobernador, quien la presidiría”, explicó Ciro Jiménez.

Ahora – añadió – lo que se plantea en la ponencia presentada por Alfredo Cuello, tras la modificación del artículo tercero, es la creación de una junta especial y que los fondos sean descentralizados y manejados por un ente con capacidad jurídica y con autonomía para adquirir derechos y contraer obligaciones en el marco de la promoción, planeación y construcción de la Ciudadela Universitaria.

“En términos sencillos, lo que se propone en ese proyecto es darle facultades a una concesión que se encargue del manejo de los recursos recaudados, a través de los tributos de los entes oficiales del departamento y municipio, así como de la Nación con asiento en el Cesar”, indicó Jiménez Cujia.

Advirtió que en ese sentido, el desacuerdo es general porque se requerirán de cerca de 300 millones de pesos anuales, para que la concesión pueda operar y los recursos saldrían de los mismos tributos.

“Esa concesión se haría incontrolable, habida cuenta de que nadie podrá manejar la inversión y la administración de los recursos. Ni siquiera una interventoría garantiza que pueda ser controlada debidamente”, señaló el Consejero Académico.

Frente a esta situación, Jiménez Cujia anunció que solicitarán al congresista Cuello Baute que presente ante la comunidad universitaria, una explicación detallada sobre los alcances del artículo tercero del proyecto, antes de que sea debatido y aprobado en el Senado.

“Estamos dispuestos a viajar a Bogotá, para presentar argumentos sólidos ante el Congreso, para impedir que el proyecto sea aprobado tal como lo presentó Alfredo Cuello Baute”, subrayó Ciro Jiménez Cujia.