En nuestro país cuando menos se piensa salta la liebre. Es así como Yidis Medina, una ex congresista provinciana de muy bajo perfil, sorprende a la opinión pública declarando que fue engañada por el presidente Álvaro Uribe y algunos de sus colaboradores de confianza, manifestando su inconformidad en vista de que le han incumplido muchas de las prebendas burocráticas ofrecidas a cambio de su voto a favor del acto legislativo que permitió la reelección presidencial inmediata por una sola vez.

Después de escuchar a la denunciante, a los funcionarios y ex funcionarios del actual gobierno sindicados de participar en la componenda para obtener el voto de la entonces parlamentaria que, en ese tiempo, la alta esfera gubernamental consideraba inofensiva. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condena a la ex congresista con la máxima sanción establecida en la legislación colombiana para el delito de cohecho, otorgándole los beneficios autorizados por la ley; enviando la sentencia a la Corte Constitucional, a la Fiscalía y a la Procuraduría con el propósito de que se pronuncien o tomen las medidas pertinentes respecto a la forma ilegal como lograron la aprobación del proyecto del acto legislativo en mención.

La Procuraduría abre pliego de cargos a los funcionarios y ex funcionarios del gobierno denunciados como mediadores, entre los cuales sobresalen el ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, y el otrora ministro del Interior y Justicia, ahora embajador en Italia, don Sabas Pretelt de la Vega, encargados de concederle los favores políticos a la parlamentaria pueblerina, que les resultó bastante avispada y descarada sin escrúpulos, exigiendo gratificaciones hasta con sobornos.

La Fiscalía responde de manera similar a la Procuraduría, tal como corresponde a las autoridades de un país democrático, que en el primer artículo de su Constitución Política todavía lo califican como Estado social de derecho.

Preocupante la reacción irreflexiva del Poder Ejecutivo, que además pretende enfrentar la popularidad del Presidente a la legalidad. El desacato de las decisiones del Poder Judicial, recurriendo al populismo con medidas alejadas del derecho es sinónimo de abuso del poder, comparable con los regímenes que no acatan los fallos judiciales adversos a sus conveniencias y mucho menos aceptan el disentimiento de sus opositores, así sea respetuoso.

La Corte Suprema de Justicia cumple sus funciones, no ataca al presidente Uribe; así responde a sus insultos. Advirtiendo que todos sus magistrados cierran esta controversia que, casi todo el mundo opina, en nada le conviene al país, sin embargo siguen los comentarios. Muchos de ellos, incluso el de algunos uribistas, admiten que el Presidente en su respuesta a la Corte Suprema de Justicia estuvo muy equivocado y ambiguo.

Una de sus ambigüedades fue cuando puso a Mancuso como paradigma de la verdad. Enaltecer a un personaje tan dañino y mentiroso es un enorme desatino, teniendo en cuenta que los colombianos sabemos que gran parte de los congresistas obedecen al paramilitarismo, sobre todo los habitantes del área rural, a quienes en su gran mayoría los obligaron a votar para el periodo 2002-2006, por candidatos diferentes a sus preferencias.

Hasta el Congreso, el organismo más desprestigiado del país, le está haciendo el quite a la propuesta de convocar un referendo que legitime la reelección del presidente Uribe, pues, con o sin referendo permanecerá en su puesto hasta el 2010, y de pronto continúe…

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José Romero Churio