No es poca la expectativa despertada por la decisión del Gobierno Nacional de meterle mano a los juegos de azar llevados a cabo en las tiendas de los barrios.

En tal virtud, en el día de hoy entra en vigencia el decreto nacional que prohíbe la explotación de máquinas tragamonedas en tiendas de barrios, peluquerías, cafeterías, billares, negocios dispersos en todo el país y en todos los barrios de las ciudades.

La finalidad oficial principal es proteger los ingresos para la salud, pues se estiman en aproximadamente 30 mil millones de pesos los fugados con ocasión de estos juegos de azar, especialmente las máquinas tragamonedas que pululan por cuanto establecimiento comercial ofrece sus servicios en zonas residenciales.

Lo dicho. El Gobierno pone en juego su autoridad en tanto debe hacer cumplir lo ordenado. El país no tiene la memoria tan frágil como para no recordar decretos prohibitivos similares en los últimos diez años y siempre el pecado ha sido el mismo: pura demagogia en la medida en que los decretos no se hacen respetar, convirtiéndose la autoridad en rey de burlas.

A decir verdad, el Estado Colombiano suele ser complaciente – muchos prefieren enrostrarle el epíteto de cómplice – con toda la actividad comercial de azar, que toda sin excepción tributa muchísimo menos de lo debido de conformidad a sus ventas e ingresos.

Así de sencillo: le ‘encanta’ al Estado hacerse el de la vista gorda para engordar a los empresarios de dichos juegos y de paso engordar a los funcionarios del Estado responsables del control respectivo.

¿Acaso se ha metido en cintura al juego del chance, el más robusto en la actualidad nacional, el que manda la parada inclusive en la vida política de los departamentos y del país? ¿Cuántos ingresos deja de percibir la salud nacional, cuántos millones y millones suma la bicoca? ¿Quién efectivamente los controla?

Está en juego, pues, la autoridad. El dinero movido por los juegos de azar, y las máquinas tragamonedas es apenas uno de ellos y no el más pródigo, es inmenso y capaz de romper los frenos inhibitorios del funcionario no acendrado en virtudes morales; qué decir de aquel proclive al delito…

El reparo a tales juegos de azar no debe ser sólo economicista, sin desconocerse su peso específico. A juzgar por las quejas de padres de familia y directivos y profesores de establecimientos educativos valduparenses, y Valledupar no ha de ser la excepción, habría una razón más poderosa para regular tales juegos, sobre todo aquellos practicados en establecimientos cercanos a colegios y universidades.

Los estudiantes de todos los niveles están enviciándose a marcha galopante. No sólo pierden capacidad de concentración para los estudios, con su fijación en las máquinas tragamonedas; peor aún, el vicio los lleva a las mañas para hurtarse pequeñas cantidades de dinero y así poder jugar…

Así se empieza. Antes que sea demasiado tarde debe ponérsele coto a esa fábrica de malas costumbres, inclusive de delitos, en que erígense las maquinitas tragamonedas.

Por supuesto, el énfasis debe enfocarse más bien en los padres para el cuidado de sus hijos y para una mejor transmisión de principios y valores capaces de blindarlo ante las tentaciones del azar.

Lo más grave acaece cuando padres y profesores también están enviciados, y muchos lo están. Ahí si, el acabose: que el último apague la luz…

EDITORIAL