Crece la audiencia. Como en el verso del poeta, crece la audiencia para meter en cintura de por vida a los violadores de menores.

Cansados de someter a consideración del Congreso de la República, con resultados infructuosos, el proyecto de enmienda constitucional para abolir la prohibición de la cadena perpetua para los violadores de menores, los promotores de la iniciativa tratarán de impulsarla vía referendo, para lo cual se emprendió la recolección de firmas.

El movimiento se antoja promisorio sobre todo por la adhesión de muchas personalidades representativas en el mundo político nacional, cuyo impulso seguramente será determinante para sacar avante la iniciativa.

Ya no están solos las golondrinas David Luna y Simón Gaviria. Ahora son reforzados por el Procurador y Fiscal General de la Nación, la directora del ICBF, los directores de los medios de comunicación El Tiempo, Semana y CM&, entre otros, lo cual tiene su peso específico.

Más allá de la importancia de los promotores viejos y nuevos interesa la conveniencia y pertinencia de la propuesta en discusión, inclusive para escudriñar el por qué ha sido derrotada varias veces no obstante el clamor popular.

Las estadísticas son expresivas por lo escalofriante. En el año 2006 se registraron aproximadamente 15.000 abusos sexuales en menores de 18 años, de los cuales 2100 se perpetraron, vaya vagabundería, contra niños no mayores de 4 años y 4800 sobre menores de 9 años.

Para el año 2007 y lo corrido del 2008 ya se han reportado, según datos del Bienestar Familiar, un total de 7646 casos de violaciones sobre menores.

Las cifras no mienten; como tal son una bofetada para un país que de los dientes para afuera predica la protección de los niños pero en la práctica permite su depredación, y peor aún, muchos crímenes de esa naturaleza permanecen en la impunidad.

A juicio de los promotores de la cadena perpetua, las penas para los violadores de menores son insuficientes por la trascendencia criminal del hecho al recaer en personas en estado de indefensión; con dos agravantes, además: los violadores suelen reincidir en el delito y la mayoría de las veces ejercen ascendencia sobre el menor violado al tener algún vínculo de parentesco con ellos.

Nadie discutiría la conveniencia de la medida, sobre todo para proteger a esa densa población desamparada. Sin embargo, hay temores que por esa grieta abierta en la constitución terminen filtrándose otros delitos también de grandes impactos sociales como el secuestro, la tortura e inclusive el asesinato y por ahí derecho siga la retahíla de todos los demás delitos.

Ha de entenderse que la consagración constitucional es fundamentalmente de principio y no de mera coyunturalidad; el constituyente colombiano cree en la resocialización de la pena (¿?), lo que se opone a la pena de muerte o al entierro vivo del condenado.

Además, la investigación judicial colombiana es de suma fragilidad, de ahí los altos índices de impunidad registrados, y peor aún, de injusticia al condenarse a muchos que luego resultan inocentes.

Seguramente el pueblo colombiano apoyaría de manera apabullante una propuesta de esa naturaleza; a final de cuentas el violador de niños no tiene perdón de Dios.

Aún así, un Estado democrático debe garantizarle inclusive a ese delincuente unas mínimas garantías procesales, pues el deber es aplicar justicia y no cometer injusticia.

EDITORIAL