La legislatura 2007-2008 llegó a su fin y el balance, salvo por algunas excepciones, no podía ser peor. El Congreso cierra sesiones ordinarias en medio de una crisis de legitimidad, representatividad y credibilidad sin precedentes.
Ni siquiera en las negras épocas del tristemente célebre ‘Proceso 8.000’ la imagen del Senado y la Cámara de Representantes estuvo tan desprestigiada como la que registra el actual Parlamento.
La dimensión del problema es tal que ni siquiera los valientes esfuerzos y posturas de un reducido grupo de parlamentarios alcanzan para evitar concluir que el Legislativo camina por el filo del sendero de la inviabilidad institucional. Baste con decir que, incluso, no fueron pocas las voces que se escucharon pidiendo cerrar el Capitolio, iniciar una campaña de desobediencia civil a sus designios y hasta revocar el mandato a todos los llamados padres de la Patria.
Entre el largo memorial de agravios que la opinión pública ha confeccionado a lo largo de los últimos meses para evidenciar la crisis del Congreso, sin duda alguna encabeza el listado de lacras funcionales la dimensión que tomó el escándalo de la parapolítica.
Si bien a mediados de 2007 ya era significativo el número de senadores y representantes que estaban involucrados en esta causa judicial, hoy por hoy son 65 los parlamentarios que están presos, condenados, investigados o mencionados por relacionados criminales con las autodefensas. Las pesquisas de la Corte Suprema de Justicia llegaron incluso a la presidenta del Senado y llevaron a la cárcel a otros que habían ocupado tan prestigioso cargo.
Pese a la dimensión de la crisis, que amenazó incluso la supervivencia de la institución, las mayorías parlamentarias, siguiendo las órdenes de la Casa de Nariño, no mostraron voluntad alguna de arrepentimiento y rectificación.
La reforma política y su columna vertebral, representada en la propuesta de silla vacía automática, iniciativa que estaba llamada a castigar a los partidos políticos que permitieron la infiltración en sus listas de candidatos aliados con los paramilitares, terminó hundiéndose en medio de maniobras torticeras bajas y burdas protagonizadas por casi todos los senadores uribistas de la Comisión I del Senado, sin importarles nada que la opinión pública exigía que ese proyecto fuera aprobado.
Dada la dimensión del escándalo de la parapolítica, dar vía libre a la silla vacía automática era obligatorio para tratar de lavar la imagen deteriorada del Congreso, pero no fue así.
Todo lo contrario, las bancadas gobiernistas desafiaron el sentir popular y frustraron la iniciativa. Pero no pararon allí las acciones legislativas para atravesársele a la labor inquebrantable de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Hubo desde intentonas legislativas para dar beneficios penales y penitenciarios a los sindicados, hasta malsanas solidaridades de cuerpo en los injustos y desinstitucionalizadores ataques que el Presidente de la República lanzó contra el alto tribunal.
Voceros de las distintas bancadas y las mesas directivas de Senado y Cámara ahora hacen balances, enumeran proyectos presentados y aprobados y hasta envían a la prensa cortes de cuenta sobre sus actuaciones individuales.
Sin embargo, nada de ello oculta lo que es una realidad de a puño e incontrovertible: el Congreso se rajó y termina en una crisis de tal dimensión que el grueso de la ciudadanía sólo identifica a la institución y sus integrantes con calificativos como corrupción, politiquería y complicidades ilegales.
Lamentablemente, lo reiteramos, la labor destacada y transparente de algunos pocos senadores y representantes no alcanza para superar ese triste panorama.
Y lo más preocupante de todo es que ese Congreso desprestigiado y sin autonomía que ayer cerró una magra legislatura, en que apenas si se distinguen proyectos como el de la ley de víctimas y algunas otras pocas iniciativas, es el mismo que en menos de un mes deberá empezar a debatir la improvisada reforma constitucional uribista, tramitar el referendo re-reeleccionista y hasta reformar el mecanismo de juzgamiento de los parlamentarios en la Corte Suprema. Es decir, que los sindicados modificarán el sistema bajo el cual serán procesados. Esa sí es toda una paradoja.
Un famoso tratadista político afirmaba décadas atrás que las instituciones reflejan los vicios y virtudes de sus gobernados. En el caso colombiano ello no aplica. Todo lo contrario, hablando del Congreso, el país es quien lo sufre.
Editorial El Nuevo Siglo. Junio 21 de 2008
Editorial Nuevo Siglo
