Uno quisiera creer en todas las buenas intenciones que parece haber en muchas de las iniciativas de nuestra clase dirigente.

Algunas sin duda lo son, pero parecen guerras difíciles de ganar, como la que ha emprendido el diputado Eduardo Esquivel con su mentado frente común, con el fin de lograr la modificación de la ley 141 o de Escalonamiento, que desde el año 2005 ha impedido que el Cesar se apropie de millonarios recursos producto de las mal llamadas regalías.

Luego de que el Presidente pidiera un borrador para reformar la ley en la próxima legislatura, nos llenamos de esperanzas, aunque sabemos que la lucha va a ser dura en el Congreso, donde nuestros honorables representantes tendrán que demostrar que saben algo y que tienen garra.

Otra buena intención parece haber detrás de la iniciativa del gerente de Emdupar, Licinio Beleño, quien ha propuesto la contratación de un agente externo con el fin de que se encargue de la cartera morosa de la empresa, y haga su aporte para el mejoramiento de la parte operativa de Emdupar.

A muchos les parece privatización, en lo particular no creo que sea así, y de ser así, hasta mejor, al fin de cuentas la empresa en manos del municipio ha demostrado que le ha quedado grande a la hora de garantizar una buena prestación del servicio.

A los usuarios la discusión de si es oficial o privada la empresa no nos debe importar, lo verdaderamente  relevante es que por lo menos no nos corten el chorro cada vez que les viene en ganas a los señores de la empresa.

Sin embargo, uno quisiera creer que detrás de la intención de Beleño no hay nada oscuro, no hay triquiñuelas, no hay intenciones malsanas e intereses propios. Sigo de rodillas pidiéndole a Dios que me revele la verdad.

En donde si no tengo que desvelarme mucho en oración, es en el caso de la ley 551 del 94, cuya reforma cursa en el Congreso por iniciativa del representante Alfredo Cuello Baute.

Allí si queda demostrado que hay un mico hasta el Cuello, tal como lo advirtió el consejero de la UPC, Ciro Jiménez, quien nos hizo caer en la cuenta que el honorable congresista pretende dejar en manos de un ente descentralizado, léase privado, el manejo de los millonarios recursos que por concepto de dicha ley recauda la UPC, desde cuando el entonces representante Luís Mariano Murgas la presentó en el Congreso.

Ante el grito en el cielo puesto por el consejero, Cuello Baute respondió de manera altanera, mediante un comunicado, calificando a Jiménez como desinformado. No es así, y el cielo no se puede tapar con las manos.

La reforma a la ley dice en su punto 3: “crear una Junta Especial encargada de la administración de los fondos recaudados.

De forma que los fondos sean descentralizados en un ente con capacidad jurídica de adquirir derechos y contraer obligaciones en el marco de la promoción, planeación y construcción final de la Ciudadela Universitaria del Cesar”.

El título se ve bonito, pero el desarrollo del mismo es otra cosa. Un ente con capacidad jurídica podría ser una empresa privada,  una entidad de esas en la que son especialistas en inventarse  los congresistas para beneficiar a sus cercanos, o cumplir con compromisos políticos y de paso taparse en plata, porque eso sí, aunque se esté cumpliendo con compromisos de campaña, la tajada tiene que llegar.

Limedes Molina Urrego