Por estos días el remezón en cargos públicos es muy grande, como infinita es la angustia de los funcionarios desvinculados. Todo por causa de los procesos que se han completado en desarrollo de la política de provisión de empleos con base en el resultado de los concursos de mérito, que son una exigencia constitucional.
Quizá los más llamativos de los últimos tiempos han sido los concursos llevados a cabo en la Fiscalía, en la Procuraduría y en la Superintendencia de Notariado y Registro. Para dar una idea de la magnitud de los cambios que se produjeron y de los que se avecinan, baste con decir que en el caso de la Fiscalía sólo el 17 por ciento de los aspirantes aprobó el examen, siendo damnificados, en gran medida, los actuales funcionarios. Llama la atención que el sindicato, propulsor del concurso, lo ponga en entredicho después de realizado.
En la Procuraduría ocurrió otro tanto, pues en algunas regionales ninguno de sus servidores obtuvo el puntaje mínimo para lograr su permanencia. Y en cuanto a las notarías, se sabe por ejemplo, que en Bogotá el 38 por ciento de los actuales notarios perdieron su chanfa.
Las críticas a los concursos son interminables. La regla es entregar su organización a una universidad prestigiosa, momento en el cual surge el primer reproche, fundado en que se presume que sus egresados tendrán ventajas comparativas. En su desarrollo arrecian los reparos: se cuestiona el puntaje asignado a la experiencia y el concedido a la entrevista. Abundan las quejas por los exámenes “cascareros” que parecen elaborados por alumnos deseosos de corchar y no por profesores interesados en conocer el bagaje intelectual del aspirante. Muchas de las preguntas tienen respuesta equivocada; otras no dan la opción “ninguna de las anteriores”, que sería la correcta.
Cuando el resultado no es el esperado y como la entrevista es el último paso, es usual echarles la culpa a los entrevistadores a quienes se los descalifica por actuar supuestamente con prevención o por revancha, sin parar mientes en que la nota final es la suma de varios factores y en que no es razonable pensar que un número plural de entrevistadores se pongan de acuerdo para beneficiar o para dañar a alguien.
Confieso que los exámenes estilo Icfes son un dolor de cabeza para quienes no estamos familiarizados con su mecánica. Me consuela saber que a los estudiantes actuales los preparan un año para esa prueba y les hacen varios simulacros. He llegado a la conclusión de que las posibilidades de éxito son inversamente proporcionales a la edad del aspirante; a los “adultos mayores” les gusta desarrollar respuestas y no marcar cuadritos.
Todos los defectos podrán tener los concursos, pero son la forma más justa para otorgar empleos. La antipática fórmula de la “dedocracia” solo conviene a los ineptos con buen patrocinador. Además, algo bueno dejan: para muestra, el último concurso notarial, que premiaba con cinco puntos adicionales a quienes hubiesen publicado libros de Derecho, permitió sacar del ostracismo a un sinnúmero de escritores que hoy han dado a conocer sus excelentes tratados, rebosando los anaqueles de las más acreditadas bibliotecas públicas y privadas.
Luis Augusto González Pimienta
