¿Por qué habrá que recordarles a los funcionarios qué tienen que hacer, qué deben hacer, lo que les está ordenado por las leyes y, para mejor proveer, por lo que prudentemente les aconseje su acuciosa iniciativa particular en beneficio del bien común? No suelen proceder así. ¿Será por desidia?, o acaso, ¿por indolencia?

Después de los escritos recientes, mío y del ex gobernador (entre otros títulos) Alfonso Araujo Cotes, en el diario EL PILÓN, y seguramente de algunas otras reclamaciones más, publicadas en revistas, Internet, radiodifusoras, comentarios verbales en corros ciudadanos, etc., acerca del deplorable estado de la carretera, “trocha”, a Pueblo Bello, en su variable de ascenso, dicho “camino de herradura” ha empeorado enormemente por las corrientes de aguas que descienden hasta su lecho, provocando derrumbes de terreno en varios lugares del recorrido, por acumulación de piedras de considerable tamaño y por palos desarraigados tirados en la vía.

Por consiguiente, el deterioro del “carreteable” en que se ha convertido la vía ha ido avanzando de manera alarmante, sin duda en proporciones inversas al desinterés que al respecto han venido demostrando los funcionarios públicos a cuya responsabilidad las normas legales encomiendan obligatoriamente el buen estado de las carreteras públicas, que entiendo, unas tienen la condición de nacionales, departamentales otras y algunas municipales. Es departamental, la que nos ocupa, por lo cual su cuidadoso esmero le corresponde al Gobernador del Departamento y a la Asamblea Departamental (por el presupuesto), en asocio con el organismo nacional denominado INVIAS, a cuya cabeza – se me ha informado – se encuentra un vallenato. ¿Cómo les parece?

He escuchado que en el presupuesto de obras públicas del departamento se encuentra una asignación con destino a la reconstrucción completa de la vía de que nos ocupamos y que INVIAS también colaboraría. Parece ser que tales rumores no los conocen sino las personas que tienen oportunidad de hablar privadamente con los funcionarios que atienden ese tema.

Por consiguiente, qué bueno y qué necesario es que la ciudadanía sea enterada sobre el asunto a través de algún comunicado oficial, a semejanza de esos que emanan de la presidencia de la República, pero en nuestro caso una parecida información hace mutis por el foro.

Consecuentemente, el sector de población – campesino y urbano, productores, comerciantes, transportadores de pasajeros y cargas, turismo, etc., - que tiene que estar llorando y requebrando por la vía de marras, y con quienes me he estado reuniendo para compartir ideas y acciones, exigimos que por algún medio o medios de comunicación público se informe ampliamente a la comunidad interesada, por parte de la autoridad a quien le corresponda, de las acciones y ejecutorias hechas o por hacer al respecto. Si no hubiere algún pronunciamiento sobre este asunto, hemos de entender que nuestro clamor es desatendido oficialmente.

¡Ah!, pero que se sepa: tengo conocimiento de que el gremio de transportadores de pasajeros y cargas, se está dirigiendo por escrito al Honorable Tribunal Administrativo de Valledupar (y a otros entes administrativos) poniendo de presente, precisamente, el pésimo estado de la vía, los peligros inminentes a que están expuestos quienes por allí transitan, y que se está preestableciendo la prueba jurídica según la cual sí allí llegare a ocurrir algún accidente fatal humano achacable al horrible estado que impide el normal transporte, el único responsable es el funcionario o funcionarios oficiales actuales, que por la falla en la prestación del servicio, la administración pública seria obligada a las indemnizaciones por los perjuicios ocasionados, pero no se olvide que ésta podrá repetir contra los funcionarios descuidados.

E inmediatamente se iniciará una acción judicial popular.

rodrigolopezbarros@hotmail.com

Rodrigo López Barros