O ‘Haciendo Negocios’, es el nombre del proyecto puesto en marcha por el Banco Mundial en 2004 con el objetivo de cuantificar la facilidad, en función del costo y tiempo requeridos, para cumplir con ciertas regulaciones básicas asociadas a la actividad empresarial; así mismo, el grado de protección de los derechos de propiedad. Doing Business incluye mediciones sobre 10 distintos indicadores, entre ellos: apertura de un negocio, obtención de licencias, contratación y despido de trabajadores, acceso al crédito, pago de impuestos y ejecución forzada de contratos. Según el desempeño de cada país en relación con los distintos indicadores se construye y divulga una jerarquía.
En la última edición anual Colombia ocupó el puesto 66 entre 178 países, bien por debajo de Chile (puesto 33) que fue el mejor de la región. No obstante, fuimos uno de los 10 países que más avanzó durante el periodo, un acicate para seguir mejorando.
Hay ciertas asunciones implícitas en este exitoso ejercicio que son incuestionables: que el desarrollo económico requiere un espacio amplio para el sector privado (lo cual implica dejar definitivamente atrás el modelo soviético), que el costo efectivo o implícito de la regulación incide en la marcha de los negocios, y que la profusa divulgación de indicadores de desempeño y jerarquías genera un ambiente propicio para las reformas.
Sin embargo, como un reciente debate en el Directorio del Banco lo ha puesto de presente, es preciso disipar en las nuevas versiones de ‘Doing Business’ la idea, ciertamente errónea, de que mientras más liviana sea la regulación, tanto mejor. La teoría del desarrollo nos ha enseñado que instituciones y normas también cuentan para el adecuado funcionamiento de la economía; como es evidente, someterse a ellas tiene un costo.
Incluso desde la óptica estrictamente empresarial la regulación sólo puede ser entendida como un gravamen cuando no añade valor al empresario que está obligado a cumplirla. Por ejemplo: un amplio respeto de la normativa sanitaria restringe la competencia desleal por parte de quienes quisieran eludirla, pero resulta una carga estéril si la evasión es generalizada.
Igualmente contenciosa ha resultado la utilización de un índice para medir la carga tributaria total a cargo de las empresas. Si bien los futuros inversionistas hacen bien en considerar esta variable, es equivocado asumir, para efectos comparativos entre países, que la mejor alternativa es que el peso de la tributación sea bajo. Esto puede no ser cierto para el conjunto de la sociedad si los impuestos se emplean bien en la provisión de bienes públicos.
Y ni siquiera para el empresario que los paga la conclusión necesaria es esa. Como parte que es del conglomerado social se beneficia, en principio, del gasto estatal. Más aún: una menor presión fiscal puede dar al traste con la estabilidad de la economía, un riesgo grave para la actividad empresarial. En épocas de turbulencia florecen especuladores y aventureros; no los verdaderos empresarios que, al integrar recursos financieros, humanos y físicos, agregan valor a la sociedad y legitiman la utilidad que perciben.
Es igualmente cierto, como también se dijo, que el ‘Doing Business’ no implica una medición cabal del clima de inversión. En este inciden factores que no son cuantificables, tales como la calidad de la mano de obra o de la infraestructura, los riesgos de corrupción, y la estabilidad política y jurídica, entre otros factores cruciales en las decisiones de inversión pero que es imposible capturar en valores numéricos.
La fortaleza de una institución se mide por su capacidad de practicar con rigor, regularidad y a través de organismos especializados, tareas autocríticas. Es lo que he visto recientemente en el Banco Mundial. La nueva versión de su índice estrella, que se divulgará en los próximos meses, sin duda será mejor.
Jorge Humberto Botero
