En Valledupar seguimos quejándonos del caos vehicular, de la excesiva afluencia de motocicletas, conductores que no respetan ninguna señal de tránsito, taxistas que abusan de la prestación del servicio y de la responsabilidad que les atañe a las autoridades reguladoras de tránsito, a la Alcaldía o a la Policía Nacional.

Muchos intentos se han hecho por solucionar este problema, pero es poco o nulo el control que se establece a los trámites de la licencia de conducción.

Entre los requisitos para obtener una licencia de conducción están, saber leer y escribir, tener 16 años cumplidos, aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos, que realizan los organismos de tránsito de acuerdo con la reglamentación que expide el Ministerio de Transporte, o presentar un certificado de aptitud en conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Ministerio de Transporte y el certificado de aptitud física, y mental para conducir, expedido por un médico debidamente registrado ante el Ministerio de Salud.

Hoy, cualquier persona, fácilmente puede obtener un pase para conducir, saltándose el rigor de hacer y aprobar un curso de conducción, pues muchas escuelas inescrupulosas han vuelto este trámite un negocio rentable. Estos cuestionados centros de enseñanza, promocionados por calanchines y tramitadores que abundan frente a la oficina de tránsito de Valledupar, certifican a cualquiera que pueda pagar los ochenta, cien o ciento cincuenta mil pesos, según la categoría en que deseen la licencia, sin importar si están aptos o no para conducir.

Estas escuelas tienen gran responsabilidad en el problema de tránsito de la ciudad, pues de manera fraudulenta certifican que alguien hizo y aprobó un curso para conducir una motocicleta, por ejemplo, sin haberlo hecho realmente. Lo grave está en que esas personas que obtienen su pase sin cumplir con los requisitos técnicos, salen a las calles como bárbaros a infringir normas y a atentar contra la vida de quienes transitan y han hecho sus trámites legales para movilizarse en la ciudad dentro de las normas y requerimientos del Ministerio de Transporte.

Señores de la Secretaría de Tránsito, es fácil hacer seguimiento y sancionar a estas personas y empresas que se pasan por la faja la normatividad que en últimas es la que garantiza que quien maneja un vehículo, tenga la preparación suficiente para hacerlo. Sólo es cuestión de darse una pasadita por estas escuelas y solicitar en forma encubierta un certificado para que empiecen a salir tramitadores por montones, quienes en contubernio con los propietarios de estas escuelas, venden a diestra y siniestra estos certificados.

El problema no acaba ubicando a policías por toda la ciudad para que inmovilice a las motos o vehículos infractores; hay que acabarlo de raíz, sancionando a estas escuelas y poniendo tras las rejas a los calanchines; mercaderes de la muerte que negocian los pases para llenar sus bolsillos, vendiendo estos certificados que tanto daño le han hecho y le hacen a quienes quedan lisiados o mueren por irresponsabilidad de quien conduce, porque no respetó la normas para tramitar, ni para conducir un vehículo. Hay que atacar la corrupción con la que se maneja el trámite de este documento tan necesario para garantizar una legítima y segura movilización de vehículos y conductores en esta ciudad.

Óscar Andrés Ariza Daza