Uno de los casos más sonados del recién implementado Sistema Penal Oral Acusatorio en La Guajira, como lo es el robo de los 330 millones de pesos a una pareja de comerciantes wayúu, en la que al parecer participaron agentes del DAS,  ha traspasado esta semana las fronteras de lo jurídico.

De litigio en los tribunales de justicia, el caso ha pasado a convertirse en una ‘guerra mediática’ que ha tenido como epicentro los medios de comunicación de la ciudad.

 De una parte los agentes del DAS, Óscar Iván Peláez Ortiz y Álvaro Enrique Márquez Coronado, y el particular John Jairo González Lazo, involucrados en el caso, protagonizaron en los primeros días de la semana una huelga de hambre, sustentada en que no han encontrado garantías jurídicas del proceso.

Al impacto que causó esta protesta se le sumaron las críticas que elevaron en estaciones radiales contra el Defensor del Pueblo de la Guajira, Fernando López Suárez.

 Por su parte, y como era de esperarse, el representante de los comerciantes afectados con el hurto, el abogado Freddy Gutiérrez Sajaut, respondió en duros términos y en entrevista concedidas, solicitó a las  autoridades estar del lado de las víctimas.

  “Si hay unas personas a que se le han respetado las garantías constitucionales ha sido a estos tres individuos, que no hicieron más que lesionar a la sociedad y han mancillado el buen honor y nombre de una institución como el DAS.

El hecho de que no se le falle a favor,  no quiere decir que no existan garantías. Lo dicho por ello, cuando proponen un cambio de radicación del proceso, es una falta de respeto, porque lo que están tratando de decir es que los jueces de La Guajira son justos y no respetan el principio de imparcialidad, lo que es una afrenta y una violación de estos señores al principio de buena fe”, aseguró Freddy Gutiérrez Sajaut.