Aludiendo a la no refinanciación de proyectos productivos para el sector agropecuario y la ‘usura’ de que han sido objetos los deudores del Plan de Reactivación Agropecuaria Nacional en nuestra región, Aproagro, entidad que los representa, establecerá una acción jurídica contra el Gobierno Nacional.
Para dar a conocer esta situación, ayer fueron convocados los deudores de La Guajira y el Cesar en el Coliseo de Ferias de este departamento, en donde fueron informados respecto al estudio que los asesores jurídicos de Aproagro hicieron al Pran.
Joaquín Ovalle Pumarejo, gerente de Aproagro, expresó que “nosotros hemos insistido en los organismos de control en que hagan una investigación al Pran porque el Pran se llama ‘Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional’ y no ha logrado su objetivo, y para lograr la reactivación agropecuaria se apropiaron unos recursos del presupuesto nacional donde debe investigar la Procuraduría y la Contraloría si esos recursos que utilizó el Gobierno para un programa, realmente dio los resultados que debió haber dado”.
Por esto, los asesores jurídicos de Aproagro, entre ellos Eduardo Dangond, han estudiado dos posibilidades. De acuerdo con este funcionario, “la primera es una acción popular en contra de los hechos y actos administrativos que dieron lugar a la política de reactivación agropecuaria que fue a nivel nacional; y la otra es una acción de nulidad sobre los actos administrativos que contienen los decretos, por cuanto ellos desmejoraron después de la totalidad de los productores agropecuarios acogerse a este plan, posteriormente el Gobierno Nacional dictó unos decretos que desmejoraron las condiciones entre las cuales todos los productores se habían acogido, de tal manera que la ley prevé que haya una igualdad de las partes para contratar y actuar, y ahí pues se violó este principio fundamental de derecho, amén de otras consideraciones jurídicas como las señaladas por nuestro director de Aproagro”.
Dentro del proceso jurídico que próximamente se entablará, cabe resaltar que Aproagro dice tener la razón argumentando que “el Pran es un programa donde conllevaba primero la compra de las deudas para habilitar como sujeto de crédito a los productores para que éstos desarrollaran proyectos productivos en el campo, que generarían los ingresos para atender la deuda del Pran, pero a los productores les compraron la deuda, supuestamente los habilitaron como sujetos de crédito pero cuando fuimos a las instituciones financieras a solicitar créditos, no nos concedieron los créditos, entonces no se pudo reactivar al productor a través de los proyectos productivos que generarían los ingresos para atender el Pran, entonces ¿con qué pagamos el Pran si éste no funcionó?”, según indicó Ovalle.
Debido a lo anterior, el director de Aproagro recordó cuál fue el proceso para acceder a este programa: “La primera fase del programa era comprar la deuda de los productores al sector financiero, la compraba el Gobierno, la negoció por el 28% de los pagarés que nos pusieron a firmar a nosotros, o sea que ahí ya el Gobierno está haciendo un negocio con el Pran o con los productores quebrados en Colombia de un 72% por encima del valor que compraron la cartera.
En segundo lugar, sacaban a los productores como deudores del sector financiero y entonces los habilitaban, sacándolos de Fogafin, Cidefin, entre otros y el productor quedaba habilitado como sujeto de crédito nuevamente ante el sector financiero; le pusieron de condición al productor para acceder al Pran que tenía que presentar un proyecto productivo el cual generaría los ingresos para atender la deuda del Pran. Ese proyecto productivo tenía que ser financiado por algún crédito que permitiera desarrollarlo y además ese era el objetivo del programa, desarrollar proyectos productivos en el campo para lograr la reactivación del sector agropecuario. Cuando el productor llegó con su proyecto al banco para que se lo financiaran, éste no se lo financió, entonces ¿con qué va a pagar el Pran el productor si la fuente de pago del Pran era el proyecto productivo? Además no se logró el objetivo del programa, que no era refinanciar al productor sino reactivar el sector agropecuario a través de proyectos productivos, eso lo reconoce todo el mundo”.
Por su parte, Dangond manifestó que “existe la posibilidad de que se decrete por parte de la justicia ordinaria y administrativa de esta sección del país que no había lugar al cobro jurídico de esas deudas por el incumplimiento de lo acordado por Finagro en cuanto a la totalidad de los productores agropecuarios, y subsidiariamente se podría lograr que al menos los deudores tengan derecho a recibir el mismo beneficio que Finagro recibió al comprar la deuda por el 30% o 28% en lugar del 100%, que es el precio al que nos lo están cobrando, entonces esas son dos acciones que es importante planteárselas a los estrados judiciales para que sean ellos quienes finalmente definan quién tiene la razón en este asunto jurídico y comercial”.
¿Y qué dicen los deudores?
Juan Hernández Sierra, productor arrocero del Cesar, no puede comprar ni un celular, como él mismo dice, debido a que está reportado en todas las centrales del riesgo financiero del país, llámese Cifin, Datacrédito, entre otras, lo cual en múltiples ocasiones lo ha mantenido ‘amarrado’ ante oportunidades de negocio que ha visionado.
Hoy espera que el Gobierno Nacional simplemente reciba mediante Finagro lo mismo que esta misma entidad le canceló a los bancos. A su juicio, “no se justifica que el Gobierno venga a hacer negocios con nosotros, no se justifica que en este momento ya estén capitalizados en el nuevo pagaré la tasa de interés de 7 años, desde mayo de 2001 hasta mayo de 2008, ya las deudas esas son impagables, nosotros no pudimos pagar lo pequeño que teníamos, ahora vamos a pagar esto cuando los capitales se han multiplicado, si antes una persona debía diez millones, ahora por lo menos debe 50 millones con intereses moratorios mas intereses corrientes”.
