En las últimas semanas el país ha visto por los canales de televisión imágenes dramáticas y preocupantes que demuestran y testifican la violencia existente en algunos colegios y universidades de las principales ciudades del país.
Son múltiples y diversos los factores que hay detrás de estas variadas manifestaciones de violencia en colegios y universidades. En primer lugar, está el tema de la inseguridad que motiva que algunos padres y estudiantes se sientan más seguros si llevan un arma, supuestamente para su defensa personal. De otra parte, están los enfrentamientos entre combos de amigos, por distintos motivos pero que ya no resuelven sus diferencias – como antes- a las trompadas sino con con armas, tanto blancas como de fuego; pero también hay violencias más complejas, relacionadas con el resurgimiento de seguidores de los grupos violentos y con la venta de drogas y licor en los alrededores de las instituciones educativas.
La situación ha llegado a tal extremo que, según mostraron algunos noticieros de televisión, en varios barrios de Bogotá los estudiantes de unos colegios son enemigos declarados de otros colegios vecinos, y así unos y otros tienen espacios y zonas vedadas, según el caso.
Esta misma semana, la Organización de las Naciones Unidas  incluyó a Colombia en un informe en el cual se denuncia el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos ilegales alzados en armas, en particular a las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y al autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN); informe en el cual a nuestro país se le coloca al nivel de Somalia, el Congo, Filipinas, Sudán y Uganda, en donde se utiliza a los menores de edad como carne de cañón para la guerra y se les hace víctimas de otro tipo de delitos contra su integridad física y moral.
La situación antes descrita y el informe mencionado deben encender las alarmas de toda la sociedad colombiana, y debe ser preocupación central de las autoridades de policía, pero también del Ministerio y las secretarías de educación, y de toda la comunidad académica, principalmente de los alumnos y padres de familia.
Para el caso de los colegios, la Policía Nacional ha dispuesto de un Plan Especial de desarme y mayor seguridad en los alrededores de los mismos, pero la situación interna debe surgir de la misma comunidad académica, de la disposición y conciencia de los alumnos, profesores, directivos, empleados y padres de familia, fundamentalmente.
En el caso de las universidades, el tema es a otro precio y –por supuesto- mucho más grave. La presencia de personas con uniformes y brazaletes del ELN y armadas en la legendaria plaza Ché Guevara de la Universidad Nacional es una señal de que algunos sectores extremistas han abusado de la legislación que otorga una autonomía a estas instituciones.
Los centros de educación superior deben ser espacios de debate de todas las ideologías, desde las de extrema izquierda, hasta las de extrema derecha, y así ha sido siempre, ni más faltaba; pero nunca se podrá justificar que las mismas se conviertan en puntos multiplicadores de la violencia y de la lucha armada.
Las universidades no pueden ser repúblicas independientes, ni territorios vedados para la fuerza pública. Las mismas instituciones deben contar con políticas y estrategias de seguridad que impidan el ingreso de armas, insumos y explosivos a las mismas, en primer lugar por la seguridad de los mismos estudiantes que en su inmensa mayoría son ajenos a este tipo de actividades.
Pero, con la debida prudencia y con todo el respeto a la libertad de enseñanza, pensamiento y expresión, y en coordinación con la misma comunidad universitaria es urgente erradicar este tipo de expresiones de violencia de los claustros universitarios, que están llamados a ser centros pacíficos, tolerantes y democráticos por antonomasia.
Hacer de las escuelas, colegios y universidades, de todas las instituciones educativas del país, en general, escenarios de paz, paradigmas de la tolerancia y el buen trato, debe ser un propósito nacional. Si no logramos en la práctica la exclusión de los niños y niñas del conflicto armado, impidiendo su reclutamiento forzado por parte de los grupos ilegales; como también la expulsión de todo tipo de violencia de las instituciones educativas, nunca lograremos cortar la espiral de la violencia que ha caracterizado la historia de Colombia en las últimas décadas.