Valledupar en la olla

Una dramática situación financiera del Municipio de Valledupar y una serie de situaciones irregulares en la parte final de la anterior administración, ha puesto de presente el Alcalde Fredys Socarrás Reales. El burgomaestre ha señalado que encontró las arcas del Municipio con un déficit estimado en $29 mil millones, un altísimo  y costoso endeudamiento y un desgreño administrativo que ya ha sido puesto en conocimiento de los organismos de control.
La radiografía descrita por el Secretario de Hacienda Municipal, José Alejandro Fuentes Rodado, no podría ser más alarmante. El Municipio tiene un presupuesto aforado este año en $307 mil millones de pesos, de los cuales sólo 65 mil millones de pesos corresponden a recursos propios; el resto corresponde al sistema general de participación y otros recursos transferidos por el Gobierno Nacional. Adicionalmente, más de veinte cuentas bancarias del municipio ya fueron embargadas por obligaciones que se aproximan a los $3 mil millones de pesos, según se ha conocido.
El escenario es de tal gravedad que el municipio bajará de categoría de la uno a la dos y – probablemente- deba acudir a la Ley 550, es decir a la que acuden las empresas que requieren “cuidados intensivos” desde el punto vista financiero y administrativo.
Pero, tan grave como el tema financiero es el tema administrativo. Según han informado el Alcalde, el Secretario de Hacienda, la Jefe de la Oficina Jurídica, Sol Yadira Rojas, y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Aníbal Quiroz Monsalvo, la administración saliente no hizo una entrega formal y adecuada, según las normas vigentes, de todas y cada una de las dependencias que constituyen la administración municipal; y adicionalmente, se encontraron muchas decisiones financieras, aparentemente, sin el lleno de todos los requisitos de ley.
Ha hecho bien el Alcalde Fredys Socarrás y su equipo en hacer un corte de cuentas con la administración de Luis Fabián Fernández Maestre. Desde estas mismas páginas habíamos abogado por la necesidad de un empalme bien realizado,  desde el punto de vista administrativo y fiscal,  y ajustado a lo que sobre la materia determinan distintas normas.
Eso hubiera sido lo ideal, no sólo desde el punto de vista administrativo sino por las obligaciones legales, disciplinarias y fiscales que tiene el Alcalde saliente, Fernández Maestre y todos y cada uno de los integrantes de su equipo de colaboradores. Estamos hablando de recursos públicos y la administración de estos debe ser sagrada, es la plata de todos y su administración exige criterios económicos como la eficiencia, y obligaciones éticas de transparencia y responsabilidad.
Es triste que Valledupar esté viviendo la situación antes descrita. No hay derecho a que esté en vilo la sostenibilidad financiera de una ciudad que tiene todos los recursos para contar con unas mejores finanzas. No sería bueno tener que acudir a la Ley 550, ya que esta le quitaría mucho margen de maniobra a la administración entrante.
Como si lo anterior fuera poco, los problemas de corrupción alrededor de la recaudación de los impuestos locales le ha hecho un grave daño a la confianza de los contribuyentes y en este frente es grande la tarea que tiene la nueva administración para recuperar esa confianza y volver a lograr la recuperación de los recaudos.
Es urgente, como bien lo ha solicitado el señor Alcalde de Valledupar, la intervención de la Contraloría Municipal con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, para determinar qué pasó y quienes son los responsables de la situación actual?, y establecer si hubo malos manejos y problemas de corrupción e ineficiencia.
La actual situación tendrá serias y graves repercusiones en las finanzas de Valledupar en el corto y el mediano plazo, y afectará el desarrollo de una ciudad con tantas necesidades y en múltiples frentes.
Esperamos la acción pronta de los organismos de control, y que los actores de la mismas den la cara y  responsan por sus actuaciones. Esto es pre-requisito para que la ciudadanía recupere la confianza en la administración que se inicia y retornar a una senda de progreso y desarrollo, en un marco de eficiencia y transparencia.