Por Pepe Moron Reales-

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La rectificación de la vía que de Valledupar lleva al municipio de La Paz y que incluye la  disminución de su recorrido en 7.5 km fue iniciada en 1984, un proyecto visionario que venía en la mente y  discurso de los políticos desde el año 1978, cuando el Ministerio de Obras Públicas suscribió un contrato para el diseño y construcción de la estructura metálica que se necesitaba para edificar el puente que usaría esta nueva ruta.   

La vía que se mencionaba en este proyecto comenzaba en el costado suroriental de Valledupar, tomando el ingreso al barrio Panamá  en la glorieta Cacique Upar. En esa dirección,  conectaría en una distancia de 9 km por un terreno semiplano, a la capital del Cesar con los municipios de La Paz, San Diego, Manaure y con el departamento de La Guajira.  

Por un aparente desinterés de los mandatarios, como lo definió José Guillermo Castro, uno de los principales gestores de esta iniciativa, el proyecto no se concretó. Solo salió nuevamente a la luz, durante la Gobernación de Guillermo Castro Daza  en el año 2003, quien en repetidas oportunidades la definió como fundamental  porque contribuía para el desarrollo regional de un área metropolitana. 

Según expresaba el entonces gobernador, técnicamente desde el año 1984 se empezaron a realizar inversiones en este proyecto, que fue considerado necesario porque el puente Salguero que estaba en ese entonces había sido construido en el año de 1936 para una capacidad de 13 toneladas, condición que, destacó el funcionario, fueron superadas ampliamente. 

El puente que hace parte del proyecto se llama Rafael Escalona, cuenta con una longitud total de 92.96m y fue construido en dos etapas. Para la gobernación de ese entonces se encontraba en un aparente buen estado: “Pese a la exposición la losa de concreto, está en buenas condiciones” resaltó el Gobernador Castro en el informe que envió a la Asamblea del departamento. 

El valor de este proyecto según el estudio entregado por la gobernación Castro Daza, fue de 21.940 millones de pesos de los cuales, ya se habían invertido 11.276 millones representados en estudios, diseños, planos, terrenos adquiridos por el Fondo Vial Nacional, y movimiento de tierra en el tramo La Paz – Río Cesar, así como cercas en alambre de púas y la construcción del denominado puente Rafael Escalona.

De los costos faltantes, la asesora de proyectos especiales del Cesar en el 2003, María Margarita Araujo explicó que para construcción eran necesarios 9 mil 786 millones 950 mil 649 pesos y que para interventoría 489 millones, para lo cual se planteó realizar un convenio entre INVIAS, la Gobernación del Cesar y la  alcaldías de Valledupar y La Paz, en el que INVIAS aportaría los estudios, diseños, predios adquiridos, y el puente. 

Con la parte monetaria resuelta, el proyecto estaba por arrancar. A solo un paso de abrir la licitación, solo hacía falta adquirir 35.220 metros  cuadrados, área que hace parte del predio Galambao, propiedad de Emilia Quintero de Villazón y de la cual se iniciaron los trámites legales para su adquisición de conformidad con lo dispuesto en las leyes novena de 1989 y 388 de 1997. 

La Procuraduría frenó el Proyecto  
A pesar de lo adelantado del proceso, el proyecto cae por una disposición de la Procuraduría General de la Nación. Irónicamente, un vallenato, Edgardo Maya Villazón, siendo la máxima figura de este organismo de control, fue el encargado de poner fin al ritmo fluido con el que avanzaba la iniciativa.    

Según la Procuraduría General de la Nación, la licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente fue entregada sin que el estudio de impacto ambiental haya contemplado en su totalidad el componente socioeconómico y la propuesta de plan de manejo ambiental.

Además de eso, la Procuraduría aseguró que la construcción de esta vía no se encontraba en los planes de Ordenamiento Territorial de Valledupar o La Paz y que en la actualización de los estudios y diseños faltaba incluir la evaluación de impacto ambiental con su correspondiente plan de manejo. 

Entre otros argumentos para ponerle freno a esta ruta, la Procuraduría dijo que construir la nueva vía empalmándola con la glorieta frente a la Terminal de Transporte de Valledupar  implica incrementar el TPD actual afectando el nivel de servicio de la intersección lo que causaría un problema en el flujo de vehículos. Hay que recordar que en noviembre del 2001 el TPD en ese cruce estaba en 12 mil 831 vehículos según un estudio hecho por la Universidad Nacional de Colombia. 

¿Hay algún interés oculto tras la negativa?
Dentro de los argumentos que dio a Procuraduría para sustentar su negativa a este proyecto, se aseguró que salvo el predio de Víctor Hinojosa, los demás, ubicados entre Valledupar y La Paz no habían sido adquiridos, lo que generaría una obra inconclusa. Sin embargo, según documentos anexos al proyecto, la realidad es que Rosa Emilia Villazón de Maya, madre del entonces Procurador; así como otros cuatro propietarios más, negociaron estos terrenos con el Fondo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en los años 1983 y 1984. 

Según Luis Orozco Córdoba, quien entonces fuera Jefe de Asuntos Jurídicos de la gobernación, el fondo vial del Ministerio, adquirió el derecho de ocupar permanentemente las áreas necesarias para la construcción de la ruta 80 tramo 04. Hecho por el que se indemnizó a Marco Aurelio Gutiérrez Araujo, Víctor Manuel  Hinojosa Daza, propietario del predio El Carmen; Rosa Emilia Villazón de Maya, titular de la finca Los Guamos; Silvio Alejandro Pérez Mieles y Rafael Enrique Calderón Abdalá, propietarios de un predio suburbano de este lado de la nueva vía.  

Además de los predios adquiridos, que contradicen lo dicho por la Procuraduría, también estaban los terrenos que María Clara Castro de Quintero, María Clara Quintero de Daza, Hernando Quintero Molina y la Sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes Ltda, cedieron gratuitamente al departamento del Cesar, permitiendo su ocupación permanente inmediata del área requerida para la construcción de esta ruta. 

En este sentido, EL PILON, conoció un documento emitido por el Ministerio de Transporte, mediante el cual se confirma que se compró un total de 10 predios. En  este se menciona Edgardo Maya Villazón como uno de los negociantes de 68.250 metros cuadrados por un total de 566 mil 908 pesos,  compra que reposa en el comprobante de pago del fondo vial y se realizó en el mes de agosto el año de 1983. 

Hay que señalar que pese a esta negociación, la familia de Maya Villazón, puntualmente su señora madre Rosa Emilia Villazón, aún tiene el dominio total de estas tierras y se lucra de la misma, hecho de particular importancia al recordar que Maya Villazón  fue uno de los principales opositores de la construcción de esta ruta. 

En relación al tema de la adquisición total de los predios, Luis Orozco Córdoba, dijo que respecto a la posibilidad de iniciar el proceso de licitación sin que previamente se haya adquirido la totalidad de los predios afectados por el proyecto, es posible si se tiene en cuenta que la administración departamental cuenta con las herramientas legales que le permiten en un corto plazo, la adquisición del área faltante, sea por enajenación voluntaria o por alguna de las formas de expropiación previstas en la ley. 

Con eso aclarado, los defensores del proyecto derrumban ese punto de oposición que usó la Procuraduría, ya que el ministerio adquirió cinco de los 9 km de largo por 50 de ancho que eran necesarios para construir esa vía. A diferencia de lo expuesto por el órgano de control, solo hacía falta la adquisición de un bien de una longitud de 700 mts cuyos propietarios habían manifestado su voluntad de venta, hecho que facilitaría la adquisición y dejaría sin piso el argumento de una posible obra inconclusa. 

Según conoció este medio, esa no fue la única objeción que puso la Procuraduría, justificada en una razón de poco fundamento. La asesora de proyectos especiales de la administración Castro Daza María Margarita Araujo, quien conoció muy de cerca esta iniciativa conserva copia de la licencia ambiental que el ministerio del Medio Ambiente entregó para este fin mediante la resolución 0835. En esta se otorga al Instituto Nacional de Vías la licencia ambiental necesaria para la construcción de la variante de Valledupar, La Paz. 

En este documento, se ve paso a paso el estudio realizado y las condiciones impuestas por el ministerio lo que deja sin piso lo dicho por la Procuraduría que asegura que esta licencia se entregó sin que el estudio de impacto ambiental haya contemplado en su totalidad el componente socioeconómico y la propuesta de plan de manejo ambiental.

La variante hoy en día 
En la actualidad no hay adelantado o se adelanta, trabajo alguno sobre esta vía a pesar de que su construcción  facilitaría la circulación de los vehículos que ingresan a la capital del Cesar, provenientes de La Paz, y los municipios de La Guajira que conectan con Venezuela.  

Además del tiempo y la distancia, que serían más cortos, esta nueva ruta  facilitaría la tarea de dividir el tráfico de acuerdo al peso de los vehículos. Algo que no es de poca importancia, si se tiene en cuenta que a esta ciudad entran según el último conteo de Tránsito y Transporte, un promedio de 10 mil carros de uso particular, procedentes de esta vía, número que va en aumento y que dificulta el tráfico en esta ruta que tiene puntos de particular peligrosidad. 

Por otra parte, según lo que manifestó en campaña,  el actual Gobernado del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, su administración planea retomar esta obra por lo importante que puede ser esta vía en relación a la construcción de una sede para el departamento de la Universidad Nacional.

El Pilón intentó comunicarse con el exprocurador Edgardo Maya a su número celular pero este no hizo efectiva la comunicación.