Por: Indalecio Dangond Baquero
Esta semana tuve la oportunidad de analizar con algunos directivos de la Dirección Nacional del Partido Conservador (previa a la reunión de la bancada con el ministro de agricultura), ciertos aspectos del proyecto de ley de tierras que el Gobierno Nacional está tramitando en el Congreso de la República. En lenguaje parroquiano, podríamos decir que la ley de tierras es un mecanismo ágil que busca devolver en cuatro años, dos millones de hectáreas que les fueron quitadas a pequeños campesinos por parte de grupos alzados en armas, como también aquellos predios que fueron vendidos bajo intimidación y – en otros casos-, predios negociados bajo la presunción de la buena fe en zonas de presencia subversiva, tal como sucedió en la región de los Montes de María.
Para agilizar este proceso, el proyecto contempla la tipificación de los delitos de despojo y testaferrato y crea la jurisdicción agraria especializada en restitución. Además se creará un fondo de compensación para sufragarles a los empresarios predios que hayan adquirido de buena fe. Anteriormente le correspondía al campesino andar de juzgado en juzgado tratando de sustentar que esas tierras le pertenecían, ahora lo hará el Estado.
