DESDE LA BARRERA

Por: Gustavo Rodríguez Gómez
Hace ocho años (cuando aún se desconocía el proyecto de la “parapolítica”) se dijo en esta columna algo a propósito de las elecciones que se avecinaban. Las condiciones de disputa eran otras, porque ahora hay congresistas presos por delinquir y, tanto ellos como sus aliados paramilitares, pretenden seguir ejerciendo el poder, a través de interpuestas personas allegadas a ellos, con el mismo ánimo de rapiña que siempre han acostumbrado.
El estado social de derecho está fundamentado en la voluntad popular dentro de un sistema político republicano, que permite velar por la vida, honra y bienes del ciudadano. Dentro de este orden de ideas, el Estado debe velar porque el nivel de vida de sus asociados sea el mejor y las necesidades básicas y fundamentales, como lo son la salud, la educación y la vivienda, les sean garantizadas a todos los habitantes del país.
El sistema republicano, como sistema político, crea dependencia en sus asociados puesto que éstos le deben obediencia. Los sistemas políticos son instrumentos del Estado, el cual es una institución de acción continua que, mediante la aplicación de la ley, logra su perpetuidad. Para ejercer a cabalidad sus funciones, el Estado de Derecho debe tener un balance entre las tres ramas del poder, de tal manera que ninguna de ella avasalle a las otras dos y, sin distingo alguno, se respeten los derechos humanos de los asociados.
El sistema republicano se mantiene gracias al sistema electoral, el cual se alimenta con el sufragio. El sistema político electoral colombiano se encuentra dividido en dos grandes  vertientes: la rural y la urbana; la primera es conducida por los gamonales, quienes poseen la tierra en el campo y, por consiguiente, el poder; éste les permite perpetuarse, de grado o por fuerza en forma directa o por interpuestas personas, en la dirigencia de la política de su respectiva región.
La política electoral urbana la comandan los clientelistas quienes, a través del ofrecimiento de cargos públicos y otras prebendas, logran mantener cautiva una clientela para las elecciones. Al clientelismo le es fácil lograr lo anterior, gracias a su capacidad para perpetuarse en el poder; con lo cual administra, como si se tratara de una empresa privada, las dependencias del Estado; convirtiéndolo, así, en una gran agencia de empleos. [Amén del contubernio entre el Estado y los grandes monopolios]
Por otro lado, cuando un individuo por fin es elegido para un cargo público, ha invertido en el intento una considerable suma de dinero; por consiguiente, al empezar a manejar el presupuesto oficial cree, equivocadamente y de manera deshonesta, que podrá recuperar su inversión entrando a saco al erario; además, en las futuras elecciones tendrá asegurada, así, su reelección. Por todo lo anterior, la clase gobernante olvida fácilmente que ella subsiste gracias al electorado que vota por ella.
Evidentemente, hay excepciones, pero son tan pocas que su buena voluntad y su honradez -muchas veces acrisoladas- se ven opacadas por la acción de gamonales y clientelistas quienes también, como para tener mayor certeza en el triunfo electoral, obtienen ayuda financiera del sector empresarial; el cual, al invertir en las campañas políticas, obtiene un seguro que le garantice que el Estado, en sus diversos niveles y divisiones del poder, no atentará contra sus intereses; sino que, por el contrario, velará por ellos. Algunos otros, no sólo deshonestos, sino también inmorales, reciben dineros de empresas ilegales; otros más taimados, acuden al fraude electoral, sobre todo en las regiones donde la labor de verificación y control es menor o no existe.
Todo esto, a la larga desvirtúa la acción del Estado haciéndole perder de vista su objetivo primario y, por consiguiente, su principal propósito: conseguir el bienestar de sus asociados, mediante la redistribución social del ingreso y, además, administrar y controlar la recaudación tributaria en forma social tal que los poderosos al tributar más, subvencionen a quienes no pueden hacerlo o a quienes sólo pueden tributar en menor escala y no, como sucede en la actualidad: donde mayoritariamente tributa la clase trabajadora; ya que muchos empresarios -grandes, medianos o pequeños- trasladan injustamente al precio de venta de bienes o servicios, el monto de los impuestos con que son gravados.
De no existir control estatal al respecto, el tesoro público se convierte en un saco roto, que nunca tendrá los fondos necesarios para satisfacer los planes de inversión y desarrollo que el país requiere para salir de su atraso consuetudinario. [Como ha sucedido con el despilfarro ocasionado por acciones como AIS y tantas más]
Y si a lo anterior, le agregamos la inclinación de la mayoría de los votantes, en quienes tiene más ascendiente el corazón o el estómago que el cerebro, porque su pensamiento los lleva a considerar el beneficio particular e inmediato y no el bien colectivo y futuro, encontramos electores que votan por la persona que les cae bien o más se acerca a sus afectos o les ofrezca gajes efímeros y no por aquel que haya de traer desarrollo al país o la región en que habitan y, a la vez, denuncie los delitos y las malas costumbres de los gobernantes, con el fin de ir buscando el camino que nos permita salir de la corrupción administrativa que nos agobia y su natural secuela, la impunidad.