Con recursos que superan los 17 mil millones de pesos, el gobierno departamental atendrá la educación en las zonas rurales, dispersas y de difícil acceso, bajo la coordinación y administración de la Diócesis de Valledupar, beneficiando así a más de 14 mil estudiantes, entre niños, niñas y jóvenes que habitan esa región.
El gobierno departamental anunció que el costo que tiene por cada estudiantes de las zonas rurales y dispersas es de un millón 70 mil pesos por alumno de primaria, más 212 mil 500 pesos en costos de alimentación, mientras que el costo de la canasta educativa por estudiante de bachillerato es de un millón 400 mil más 212 mil 500 pesos por la alimentación.
En su calidad de contratista, la Diócesis de Valledupar además de administrar los servicios educativos, se encargará de entregar 14 mil raciones de almuerzos diarios para asegurar la alimentación adecuada a los estudiantes de acuerdo a los aportes calóricos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, según lo dio a conocer la secretaria de educación departamental Mariela Solano Noriega.
El contrato que la Gobernación del Cesar suscribió con la Diócesis establece compromisos concretos como la entrega de 14 mil kit escolares, implementos deportivos, insumos de procesos educativos como boletines, marcadores, tableros entre otros lo mismo que, kit de aseo a las instituciones, capacitación a los docentes, dotación a las bibliotecas, además de personal docente.
Como entidad contratada, la Diócesis de Valledupar debe administrar, direccionar, coordinar y organizar el servicio educativo que se presta en los establecimientos educativos a través de docentes, normalistas superiores, licenciados, profesionales y tecnólogos en educación superior.
Además deberá establecer mecanismos que favorezcan y estimulen la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas durante el año escolar, asegurando de esta manera, una educación formal para los menores, evitando además la deserción escolar.
Solano Noriega indicó que el inicio de las clases será el 15 de febrero y los días perdidos se recuperarán para garantizar que el año electivo sea conforme a la legislación colombiana.





