En conocimiento de la Procuraduría fue puesto el caso del convenio suscrito entre la alcaldía de Chiriguaná y una ONG para desarrollar un programa de control de piojos en la población infantil de Chiriguaná. Los quejosos cuestionan el hecho que el proyecto bien pudo haberse desarrollado a través del Hospital San Andrés, que cuenta con el conocimiento y la logística para ejecutarlo.
Se trata del convenio de cooperación número 077 del 2 de diciembre de 2011 suscrito entre el Municipio de Chiriguaná, Cesar, representado por el entonces alcalde, Ramón Díaz Corzo y la Cámara Junior de Colombia, capítulo Valledupar cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos para realizar la campaña educativa para la erradicación de pediculosis en niños y niñas de población vulnerable de dicho municipio.
En el convenio figura como cooperante la Fundación Social Metropolitana San Vicente-FUSOMET, representada por Erika Patricia Ariza Carracedo, radicada en la carrera 17 B número 26-7 casa 2 A urbanización Sol Real en Soledad, Atlántico.
El proyecto tiene un valor 161 millones ochocientos ochenta y dos mil setecientos veinte pesos. De esos recursos, el Municipio de Chiriguaná aportó casi 145 millones, y el saldo, unos 16 millones 913 mil pesos, el aportante, representados en bienes y servicios.
Así mismo, se conoció que esa misma fundación ejecutó en 2008, un contrato por $1.200 millones para disminuir las incidencias de enfermedades diarreicas, EDA, e infecciones respiratorias agudas, IRA, convenio que también será investigado.
En la ‘mira’ otro convenio millonario en Chiriguaná
En conocimiento de la Procuraduría fue puesto el caso del convenio suscrito entre la alcaldía de Chiriguaná y una ONG para desarrollar un programa de control de piojos en la población infantil de Chiriguaná. Los quejosos cuestionan el hecho que el proyecto bien pudo haberse desarrollado a través del Hospital San Andrés, que cuenta con el conocimiento y la logística para ejecutarlo.
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