Algunos sectores y personas en el país pareciera que aún no han comprendido la trascendencia que hay en la discusión protagonizada por el ex presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y el actual Presidente, Juan Manuel Santos Calderón, sobre si Colombia vive o no un conflicto armado.
El tema, en el caso de algunas personas, se ha quedado en la anécdota y los corrillos políticos. No obstante, reconocer la existencia del conflicto armado que el país sufre desde hace varias décadas, implica, también, una agenda de políticas públicas distintas frente al tema de la seguridad, la violencia y las políticas económicas y sociales que se requieren para superar ese conflicto.
Desde el punto de vista político, Santos ha demostrado una autonomía ante su antecesor Uribe Vélez: llamó al gobierno a los liberales, y estos incluyeron nuevos temas en la agenda pública como es el caso de la Ley de tierras, ley de víctimas y ley del primer empleo, entre otros. Invitó a la coalición a Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, y este dirigente político ha llevado muchos temas de sus propuestas de gobierno a la agenda del actual, como es el caso del Estatuto y la lucha contra la corrupción.
Santos cambió los actores políticos al frente del gobierno, y en la Unidad Nacional está parte de la U y el Partido Conservador, pero también Cambio Radical y los  liberales, y la agenda de las políticas públicas prioritarias también ha cambiado. Reconocer la existencia de ese conflicto implica buscar políticas económicas, sociales y de gobernabilidad, que sean incluyentes, democráticas y con una visión de otro país a mediano y largo plazo.
Reconocer el conflicto no significa reconocerle beligerancia política a la guerrilla, que hace mucho rato perdió legitimidad, pero si implica reconocer la existencia de unas víctimas que han perdido mucho, algunos todo, en manos de los violentos y de allí la necesidad de una nueva legislación para el tema de la tierra y para el tratamiento de las víctimas de esa situación irregular.
Al propio Presidente Santos, no sabemos si por estrategia política o por no querer polemizar, le ha faltado claridad y contundencia en defender su actual visión del tema del conflicto armado y la relación entre ese reconocimiento y la prioridad de sus políticas públicas.
Esa es la perspectiva del tema en el orden nacional; pero en el plano regional, hay que destacar y apoyar iniciativas como el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, con el apoyo del PNUD, han iniciado un ciclo de conferencias sobre el conflicto armado, la paz y el desarrollo en nuestro departamento.
Para nadie es un secreto que el departamento del Cesar, a pesar de ser un departamento joven, ha sufrido, de una manera particular, todas las etapas de la violencia que ha padecido el país. En efecto, además de sus complejos problemas sociales, de pobreza, marginalidad y desempleo, sufrió la violencia de la guerrilla, luego, en parte en reacción a la anterior, la violencia paramilitar y también otros fenómenos asociados al narcotráfico y a la delincuencia común.
Consideramos de la mayor importancia este ciclo de conferencias, organizados por el PDP y el PNUD, sobre la dinámica del conflicto armado en este departamento y la necesidad de construir escenarios de paz y unas políticas públicas que contribuyan a buscar una salida a esa situación,  a partir de una sociedad civil, de una ciudadanía comprensiva del problema y consciente de la necesidad de su participación en el tema de la solución pacífica de todos los conflictos, incluyendo el armado, a partir de proceso sociales y económicos incluyentes, participativos y democráticos.
En ese orden de ideas, las conferencias ofrecidas por los investigadores, Mauricio Romero, Omar Gutiérrez y Cesar Molinares, constituyen nuevos aportes para entender nuestra historia reciente y aprender de lo sucedido para evitar que la misma se repita y – por el contrario- contribuir a construir escenarios de paz, propicios para superar ese conflicto y buscar un desarrollo más rápido y democrático.