Por: Raúl Bermúdez Márquez
Pasquines insultantes y difamatorios contra unos profesores, amenazas de muerte, a través de internet, contra otros, estigmatización de cualquier actividad legal estudiantil realizada por organizaciones independientes como “promotoras de la subversión”, despidos a diestra y siniestra de docentes y empleados, terror entre los funcionarios y trabajadores que se han mantenido, hasta ahora, por el temor de que les llegue el turno de ser esguazados por “la perra”, -calificativo con el que algunos jefes bautizaron a las declaratorias de insubsistencia, y que por lo general la sueltan cada viernes, víspera de puente-, maniqueísmo (zanahoria para los “amigos” y garrote para los “enemigos”), son, entre otros, los signos desalentadores del actual clima organizacional de la Universidad Popular del Cesar.
Se pudo estar en desacuerdo con muchas de las decisiones académicas y administrativas del anterior rector en propiedad, José Guillermo Botero Cotes, pero lo que hay que reconocer es que durante su gestión la situación de derechos humanos en la UPC siguió el rumbo que se trazó desde el 1 de julio de 2004, cuando este columnista fue encargado por ocho meses de la rectoría: respeto por la opinión ajena y garantías para que la libre expresión fuera el faro que iluminara el diario acontecer de la institución universitaria.
Y es que no puede ser de otra manera, universidad donde se recorten las libertades democráticas fundamentales, es un remedo de universidad. Y el ejemplo cunde. Cuando un rector, que se supone es la primera autoridad académica y administrativa de la universidad, no sufre el más mínimo rubor para expresar que “soy capaz de dar leche, pero plomo también”, como lo hizo el actual rector de la UPC, Raúl Maya Pabón, en una reunión con los profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas…
