Un as bajo la manga
Dicen los pesimistas que lo que “está mal, es susceptible de empeorar”; este adagio popular se puede aplicar al tema de las regalías de carbón que reciben departamentos como El Cesar y la Guajira, y los municipios productores de este mineral.
Mientras crecía un consenso entre buena parte de la dirigencia local, para cambiar el actual esquema de escalonamiento de las regalías, que a todas luces nos desfavorece ya que en la medida que aumenta la producción es menor la proporción a recibir por las mal llamadas regalías; el equipo económico del gobierno saliente cocinaba una reforma radical al régimen de regalías, incluyéndolo dentro de la llamada “Regla fiscal”, instrumento que busca establecer mayores criterios de austeridad en las finanzas del gobierno nacional.
Como se dice popularmente, “Íbamos por lana”, pero vamos a salir trasquilados. En efecto, reiteramos, mientras nos sentíamos mal tratados con la normatividad vigente en las regalías, particularmente por el tema del escalonamiento, el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, experto y veterano jugador de póker, ha salido con una carta con la cual nadie contaba: reforma constitucional, las regalías son de la Nación, nosotros las manejamos y punto.
Con la propuesta, contemplada en el acto legislativo, que – entre otras cosas- lleva el misterioso número 13, el gobierno cambia radicalmente las reglas de juego, a través de una reforma a la Constitución de 1991, por medio de la cual la titularidad de estos recursos queda en cabeza de la Nación. Ese es el aspecto más importante de la reforma que el gobierno acaba de presentar, por medio de la modificación a los artículos 360 y 361 de la actual Carta Política.
A partir de allí se deriva todo lo demás. Si las regalías son de la Nación, pues esta las administrará con otros criterios y bajo otra óptica. El primer criterio será la equidad regional, los recursos, en teoría, se destinarán a proyectos de desarrollo en todas las regiones del país, a través de un Fondo para la Competitividad Regional, otra para la Competitividad Regional y otro para el Desarrollo Regional.
Y de otra parte, el segundo criterio es el ahorro: una proporción considerable de los recursos se guardarán a través de un fondo de ahorro y estabilización, a través de cuentas e inversiones en el exterior, con el fin de evitar su monetización, es decir su conversión a pesos y neutralizar así los efectos perversos de las bonanzas de recursos naturales, que generan fenómenos como la revaluación que afecta a otros sectores y que en la literatura económica se conoce con el nombre de “enfermedad holandesa”.
La propuesta de reforma constitucional planteada ya por el Gobierno Nacional, cambia dramáticamente las perspectivas económicas de los municipios y departamentos productores de petróleo y carbón, a mediano y largo plazo. Con todo respeto, es un verdadero “zarpazo” a las finanzas de estos entes territoriales que, insistimos, e insistiremos hasta el cansancio, tiene indicadores económicos y sociales graves, por debajo de la media nacional, con unos altos índices de pobreza, indigencia y desempleo.
Será una lucha larga que habrá que librar, dentro del marco del Estado de derecho y con el debido respeto a la institucionalidad, en el Congreso de la República, particularmente en las comisiones primeras de Senado y Cámara, pero también en cuanto foro se abra para debatir este tema que modifica sustancialmente el tema de las finanzas intergubernamentales y pinta un oscuro panorama para departamentos como el nuestro que tenía en estos recursos fincadas buena parte de sus posibilidades de progreso y bienestar. Será larga, pero la lucha hay que darla…
